Los expertos aconsejan que el plus por productividad del Principado no lo decida cada jefe

En el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo consideran que son ideas necesarias pero complejas de aplicar, y subrayan que en esto toda reforma viene acotada por la legislación básica del Estado y la jurisprudencia.

Pagar un complemento por productividad «genera recelo entre sectores sindicales que lo que buscan son principios de igualación», argumenta el catedrático Leopoldo Tolivar Alas. «Aplicar criterios diferenciadores siempre es complejo y enfrenta al dilema de quién juzga al juzgador», anota. Se trata de un debate universal y «no hay una fórmula mágica, pero lo suyo es ir a criterios objetivos y evaluación externa».

Como ejemplo recuerda los sexenios de investigación, un incentivo «más honorífico que económico» pero que exige someter la producción científica a una comisión nacional externa que la califica. «Que te evalúen en casa genera desconfianza. Determinadas valoraciones las tienen que hacer organismos independientes para ahuyentar las dudas de nepotismo», razona Tolivar Alas.

«Hasta ahora los sistemas de evaluación descansan en el propio jefe, pero eso genera determinadas inercias», ilustra Alejandra Boto, profesora titular del mismo departamento. «El problema es que no todos evalúan igual, los habrá benevolentes y otros más duros», incide. La especialista anticipa que «todos apoyamos la idea de premiar al que más hace, pero es un concepto del sector privado complejo de aplicar en el público». La razón es que «aquí no hay ventas que puedas medir. ¿Premias al que resuelve más expedientes sin ver si luego generan incidencias o a quien resuelve menos pero son más complejos?». Además en la administración «se trabaja en cadena y es más complejo individualizar el rendimiento», anota.

«Lo más cómodo es no hacer nada, tratar a todos por igual, lo que se traduce en igualar por abajo», concede el catedrático Alejandro Huergo, quien aplaude que se evite esa inercia: «Que haya un control del desempeño lo pide la legislación básica y la propia UE nos pide que afrontemos mejoras en la calidad del gobierno y la función pública».

Huergo ve necesarios los incentivos positivos «y los negativos para quien trabaje peor». Como sus colegas, subraya que la clave es que la evaluación sea objetiva e independiente «lo que exige de cierta distancia entre el controlado y el controlador».

Tolivar Alas sugiere que para ello valdría el Instituto Adolfo Posada «siempre que se le de una vuelta; hoy está demasiado vinculado a la administración». Huego apuesta por «convenios entre comunidades y administración central para crear instancias interautonómicas que den servicio a todos. En España parece que las cosas o las hace el Estado, o las hacen las 17 comunidades, y no se plantean formatos intermedios como hay en Alemania».

Sobre la libre designación, Tolivar cree que tiene su sitio pero «hay que dejarlo muy claro en la ley», Boto se decanta por «racionalizarlo» y Huergo estima que la urgencia está «establecer criterios meritocráticos a la hora de seleccionar cargos institucionales que ahora se deciden por intereses partidistas».