Menos trámites, pero más control sobre la declaración responsable para evitar los fraudes
El vicepresidente, Juan Cofiño, reconoce que las ayudas covid han dado «muchos problemas» en ese punto detectando supuestos de ilegalidad
E. PANEQUE
OVIEDO.
Martes, 28 de septiembre 2021, 03:53
El Proyecto de Ley de Medidas Administrativas Urgentes sigue su trámite en la Junta, ayer con la comparecencia del vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, y varios cargos de su consejería. El punto de partida, y con el que prácticamente arrancó su intervención, fue una de las motivaciones que hay detrás de esta ley: «La gestión de la pandemia ha puesto de manifiesto «la importancia y las limitaciones de nuestro sector público». No obstante, de salida, dejó unos cuantos deberes a corto plazo para los parlamentarios, a quienes avanzó que se «intensificará notablemente» la actividad legislativa para modernizar la Administración. Se refería a otras leyes que están en diversas fases y que el Ejecutivo cuenta con sacar adelante esta legislatura: de ordenación del territorio, de calidad ambiental y de empleo público.
Esta es una de la que más urgía porque ahí está la esperada lluvia de millones que tienen que llegar vía fondos europeos. «Necesitamos disponer de mecanismos que nos ayuden a tomar decisiones complejas, de manera ágil, rápida y eficaz ante el reto del Next Generation de la UE».
Uno de los asuntos que más vueltas dio ayer durante la comparecencia del vicepresidente en la Junta fue la forma en que se aborda la declaración responsable. Desde el punto de vista de los requisitos de acceso o ejercicio a una actividad económica, destaca la incorporación y regulación de la declaración responsable en materia de urbanismo. Se elimina de otros trámites, pero se intensificarán los controles allá donde sea requerida. Esta «prudencia», como dijo Cofiño, se debe a los «problemas» que están dando las solicitudes de ayudas covid. Según afirmó en vicepresidente, «muchos funcionarios revisando esas declaraciones responsables y encontrando demasiados supuestos de inexactitud e ilegalidad».
Juan Cofiño también manifestó la necesidad de actualizar la regulación legal del concurso oposición como sistema selectivo. La intención es que el peso de la fase de concurso pase a representar un 40%. De esta forma, considera el vicepresidente, que se atajará «el actual exceso de temporalidad». También anunció una reforma de los planes de formación del funcionariado una vez se ha incorporado a las competencias el Instituto Adolfo Posada.
