El Principado espera recuperar 20 millones del pago adelantado del ingreso mínimo vital

Veinte millones de euros. Eso es lo que espera recuperar el Principado del desembolso realizado en concepto de salario social ante el atasco del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el pago del ingreso mínimo vital.

Ambas pagas van dirigidas a las personas sin recursos, pero la primera sale de las arcas regionales, lo hace desde diciembre de 2005, mientras que la segunda debería haber empezado a fluir de los presupuestos estatales desde junio pasado.

Sin embargo, tal y como adelantó EL COMERCIO, cambios en la normativa realizados a posteriori por el equipo ministerial han mantenido en el limbo a 9.000 asturianos. Todos ellos perceptores del salario social que, desde junio de 2020, deberían haber pasado al ingreso mínimo vital.

La discusión entre el Gobierno regional y el central sobre ese pago llegó al punto de amenazar el Ejecutivo de Adrián Barbón con acudir a los tribunales y concluyó el viernes pasado, tras llegar a un acuerdo ambas administraciones: el Principado volverá a repasar las 9.000 peticiones para certificar su derecho a pasar al ingreso mínimo vital y el Ministerio aprobará esas pagas con carácter retroactivo.

«Estimamos que 6.700 de los 9.000 casos pendientes cumplen las condiciones sin ningún problema», aseguró ayer en la Junta la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Respondía Melania Álvarez a tres preguntas consecutivas sobre la materia presentada por Podemos, IU y Foro. Fue ante el portavoz de esta última formación, Adrián Pomares, cuando la consejera socialista precisó las cuentas que maneja su departamento: «6.700 expedientes estimados, con una nómina media de salario social de 300 euros, supone una inversión de 20 millones». El resto de casos pendientes serán revisados.

Una cantidad que ahora negocian ambas administraciones la fórmula de devolución. «Solicitaremos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el pago directo, para evitar que los beneficiarios del salario social tengan que hacer el reintegro».

Porque, además de los problemas generados a los 9.000 afectados por este atasco en la gestión, el conflicto entre los gobiernos regional y estatal afecta directamente a los presupuestos regionales. Preveía el Principado haber restado ya en junio esas 9.000 nóminas, con lo que la partida del salario social para 2021 se recortó en 34,5 millones. Una cantidad que está consignada ya al plan de choque de la dependencia.

«Pelearemos con uñas y dientes, no tengan ninguna duda», aseguró la consejera ante las dudas expresadas tanto por Pumares como por los portavoces de Podemos, Rafael Palacios, y de IU, Ovidio Zapico. «Queremos una respuesta política contundente», exigió el portavoz de la coalición, ya que está convencido de que lo ocurrido «no es un problema de gestión, sino el desinterés del ministerio por las políticas sociales». «Queremos que se comprometa usted aquí hoy en que no vamos a perder ni un euro de esos 34,5 millones, que no vamos a sobrecargar a los servicios sociales y que vamos a sacar de la zozobra a todos los afectados», reclamó Palacios.

«Ninguna zozobra», insistió Melania Álvarez. «Vamos a defender con uñas y dientes el corazón social de este presupuesto. Y trabajamos en la reducción de las listas de espera en la dependencia», prometió.