57 profesionales para gestionar entre 400 y 700 bajas laborales al día

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) no gana para conflictos. Su decisión de liberar a los centros de salud de la tramitación de las bajas y altas laborales apaga la polémica por la sobrecarga burocrática que los médicos de Familia vienen soportando desde el estallido de los contagios por coronavirus. Pero ha levantado ampollas entre la plantilla del equipo de inspección, que ha pasado a hacerse cargo de la validación de la incapacidad temporal de los trabajadores infectados de covid-19.

De ese malestar se hacía eco ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ve en el nuevo procedimiento activado por el Gobierno autonómico «una forma de desvestir un santo para vestir otro». Comparten la necesidad de reorganizar la red de Atención Primaria para aliviar a los profesionales sanitarios de unas agendas que duplican en algunos casos las 43 citas diarias establecidas por Salud. Pero recuerdan que la tramitación de bajas y altas recae ahora sobre un equipo formado por 18 inspectores médicos, 9 subinspectores y 30 administrativos. En total, 57 personas.

«Además de su actividad ordinaria ahora tienen que tramitar las bajas laborales, con el mismo personal y sin previsión de que haya refuerzos», resumía Felipe Piedra, responsable del sector de Sanidad dentro de CSIF Asturias. «Para evitar un atasco van a crear otro», asevera Sergio Peña, presidente del sindicato mayoritario en la Administración pública.

Asturias tiene cerca de 10.000 trabajadores de baja laboral debido a la sexta ola de la pandemia. A medida que los contagios se disparaban,la situación comenzó a ser insostenible tanto en los centros de salud como en las empresas. Para tratar de solventar el colapso de Atención Primaria y, al mismo tiempo, agilizar la reincorporación de los trabajadores tras la cuarentena, el Principado ha implantado un nuevo sistema, que permite tramitar la incapacidad temporal vía telefónica sin tener que contactar con el médico de Familia.

Desde ayer, las personas con prueba diagnóstica positiva que necesiten parte de baja deberán comunicárselo a los rastreadores, que se lo notificarán al servicio de inspección médica del Sespa para que inicie el procedimiento correspondiente. Por un lado, se enviará un sms de confirmación a los trabajadores,indicándoles también el día del alta, que en principio se corresponderá con los siete días de la cuarentena establecida por el actual protocolo sanitario. Y por otro lado, se enviará notificación a la empresa que corresponda en cada caso.

En su primer día con estas nuevas funciones, los 27 inspectores y subinspectores del Sespa -que son los profesionales autorizados para certificar una incapacidad temporal por covid- tuvieron que filtrar una por las 400 peticiones de baja laboral que les hicieron llegar los rastreadores. «Y se calcula que podrían llegar a revisar unas 700 al día. O refuerzan el servicio o serán incapaces de asumir las nuevas funciones que les han asignado», subraya Felipe Piedra.

El nuevo procedimiento es transitorio y está pensado para esta sexta ola, que ha generado picos de contagios que superan los 3.000 positivos diarios. Aun así, «los médicos de Familia siguen teniendo que gestionar las bajas que se derivan de las PCR que hayan solicitado desde el centro de salud», puntualiza el representante de CSIF. También deberán intervenir en caso de que, transcurridos los 7 días preceptivos de cuarentena, persistan los síntomas o se hayan agravado. En ese caso, se generará una baja automáticamente al octavo día, previo seguimiento clínico.