35 puntos para abordar el reto demográfico, la ley de Dependencia y la falta de médicos

Pero, lógicamente, y dados los interlocutores y la razón de ser de este Foro, el reto demográfico es la cuestión central. Es, además, el primero de los 35 puntos de la Declaración. Se pide que se siga trabajando con «un enfoque integral, transversal y consensuado con las comunidades autónomas» y se cree «un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos provocados por la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población». Y se hace mención a zonas con problemas especialmente acusados en Cuenca, Soria y Teruel. Hay una mención sobre un «esfuerzo» para lograr que retornen españoles o sus descendientes que marcharon al extranjero.

La consecuencia directa de esa España vaciada y que, según los ochos presidentes, tiene que abordarse prioritariamente en el modelo de financiación autonómica, es el coste real de los servicios. El documento fija una posición común al respecto especificando los factores determinantes de sus necesidades reales. «Además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema», se puede leer.

En lo específico, en el punto diez, va a lo concreto, la sanidad pública. La Declaración pide al Gobierno central que «impulse con «urgencia gran pacto nacional» para promover la oferta necesaria de profesionales sanitarios, en especial de Atención Primaria.

También se pone sobre la mesa que el envejecimiento se asocia a mayor dependencia, prevalencia de patologías y con el consiguiente gasto farmacéutico, que conlleva necesariamente diferentes intensidades en la utilización de los servicios públicos. «Proponemos la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en el coste de la prestación de servicios».

Además, se aboga por tener en cuenta criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y zonas en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad en la última. La Declaración también exige que se potencien las políticas de desarrollo regional a través del Fondo de Compensación Interterritorial, instrumento constitucionalmente ligado al principio de solidaridad. Para ello, se pide que se aumente su presupuesto y que se modifiquen los elementos que lo configuran.

El acuerdo entre los ochos presidentes autonómicos alude a la necesidad de «reforzar el principio de suficiencia, que garantice a las comunidades recursos suficientes para prestar los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro, dentro de unos estándares de calidad aceptables». Es por ello que los firmantes exigen un modelo de financiación autonómica que preserve la suficiencia dinámica de aquellos supuestos en que los ingresos no evolucionen de manera homogénea a través de la vinculación de recursos que atribuye el sistema de financiación a la evolución de las necesidades de gasto de las comunidades, y de los ingresos totales del Estado. En este sentido, la Declaración defiende la creación de un catálogo de servicios cuya financiación esté asegurada y la potenciación de mecanismos de nivelación.

Los presidentes creen que el nuevo modelo debe ayudar a corregir los déficit de financiación y, introduciendo una cláusula habitual, se garantice que nadie recibirá menos dinero tras modificar el sistema.