«El retraso en la designación de médico» complica la aplicación de la eutanasia

Cuarenta y cinco días. Es lo que tarda de media el Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria, en resolver las solicitudes de eutanasia. Pero no siempre es así y, de hecho, 16 de las 35 personas que presentaron su petición acabaron falleciendo antes de que se dirimiese su procedimiento, según los datos disponibles hasta la fecha.

El problema reside, en muchos casos, «en los retrasos para la asignación del médico responsable» de tutelar y aplicar la eutanasia. La escasez de facultativos, extensible a todo el sistema sanitario, «también afecta» a la prestación de ayuda para morir. Una situación sobre la que ayer ponía el foco la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a la que recurren algunos de los solicitantes de eutanasia en busca de orientación.

Como C. M. D., vecina de Oviedo, de 79 años, que compartió su historia con EL COMERCIO, encogiendo el corazón de los lectores. El temor a que el proceso administrativo se dilate añade más sufrimiento a esta mujer, que lleva dieciesiete años sin apenas salir de casa como consecuencia de «unos dolores tremendos» y un cúmulo de enfermedades que acabaron «haciéndome imposible la vida». Espera que «pronto pueda descansar en paz, porque ya no puedo más».

C. M. D. (que prefiere las iniciales para preservar la privacidad de una decisión que sólo conocen sus más allegados) registró formalmente la solicitud de eutanasia hace hoy 25 días, aunque en septiembre de 2022 ya tramitó los documentos previos: testamento vital y certificado de empadronamiento. «El procedimiento recomendado es que la asignación del médico responsable no pase de una semana», explica Fernanda del Castillo, presidenta de DMD Asturias. «La Dirección General de Cuidados funciona bien, pero cuando bajamos a las gerencias de las áreas sanitarias es otra cosa», añade.

El paciente puede indicar en su solicitud un médico concreto. En caso de que no sea así o de que dicho profesional se acoja a la objeción de conciencia, son las gerencias sanitarias las que se encargan de designar al facultativo que llevará a cabo la eutanasia. Hasta llegar a ese punto, será necesario el informe favorable de un equipo médico, después de un proceso deliberativo con la persona que pide la muerte asistida -sobre su diagnóstico y sus posibilidades terapéuticas- y una evaluación clínica. Esa fase es la que dura «normalmente» unos 45 días.

Aunque «sigue habiendo problemas con la asignación de médico». Se calcula que un 75% de los facultativos españoles asumen los preceptos de la ley orgánica que autoriza la eutanasia en España desde marzo de 2021. En la práctica, «hay médicos que se niegan incluso a firmar la solicitud», que debe ir rubricada tanto por el paciente como por un profesional sanitario. «Creen que les compromete a llevar a cabo el proceso y no es así», precisa Del Castillo.

La Asociación DMD «comprende a los objetores de conciencia», pero «no la objeción por conveniencia». Como tal entienden la de «los médicos que no lo hacen porque están muy sobrecargados de trabajo», precisamente, por la escasez de profesionales sanitarios. La Consejería de Salud evita facilitar los datos actualizados de la eutanasia en Asturias, así como el número de médicos que se han declarado objetores de conciencia frente a la muerte asistida. «Hay que esperar al informe anual que se hará público en las próximas fechas», alegan desde la Consejería.

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