La Sindicatura cree que a la gestión de los fondos de la UE le falta transparencia y necesita más personal

El organismo considera que hay riesgo de no aprovechar bien el dinero por falta de transparencia, personal, dispersión normativa, déficits de planificación y evaluación. La única conclusión favorable aplaude la creación de una plataforma digital que facilita «la concurrencia entre los potenciales beneficiarios». En sus alegaciones la directora de la Oficina de Proyectos Europeos manifestó en nombre del Principado que «no se comparte el tenor general» del borrador que se le avanzó, porque «recoge de manera muy detallada los aspectos negativos de la gestión del fiscalizado, limitando a exiguas menciones aquellos desarrollos que efectivamente consideran positivos». El informe definitivo dice tener en cuenta parte de sus observaciones, pero defiende la vigencia del grueso de las críticas.

La auditoría comienza revisando la contabilidad del Principado. A 31 de diciembre de 2021 tenía presupuestados 296,2 millones del Plan de Recuperación y la ejecución era «significativamente baja», de 1,6 millones (un 0,57% del total). Eran los primeros meses del programa, marcados por reuniones sectoriales en las que el Gobierno central y las comunidades establecían criterios de reparto y el dinero acababa llegando a las arcas autonómicas, pero sin tener aún listo todo el armazón jurídico y de personal para su aprovechamiento.

Uno de los riesgos de estos fondos apunta al personal. La Administración debe gestionar en plazos más cortos de lo habitual un dinero ingente. Para reforzar su plantilla el Principado recurrió a planes temporales; «a 31 de mayo de 2022 se habían incorporado 46 efectivos frente a los 211 inicialmente solicitados por las consejerías. Ni la petición inicial ni la asignación real responden a una planificación estratégica adecuada, fundada en un estudio pormenorizado de las cargas de trabajo adicionales», entienden los auditores externos.

La Sindicatura concluye que no hay evidencias de que se haya redistribuido adecuadamente al personal. «Pese a las medidas implementadas por el Principado para minimizar este riesgo, no existen garantías de que estas sean suficientemente eficaces ni garanticen una gestión eficiente de los fondos», asevera. Desde Hacienda defienden que «se primó la eficacia y la eficiencia», asumen la necesidad de mejorar y recuerdan que antes de que se aprobara el Plan de Recuperación creó la Oficina de Proyectos Europeos y la dotó de personal.

La Sindicatura observa carencias en transparencia. Uno de los retos de este dinero «es solventar la dificultad de acceso a la información y/o la escasa capacidad de reacción de los potenciales beneficiarios», expone. Para remediarlo el Principado «se ha limitado a insertar información considerada de mínimos en una sección específica del Portal de Transparencia». El contenido «no cumple la totalidad de los requisitos de publicidad activa ni contenidos» que exige la Ley de Transparencia autonómica, juzga. El portal «se lleva mejorando desde que se puso en marcha y somos de las comunidades que ofrece un mayor detalle», alega en su defensa la consejería.

Insisten los auditores que han detectado «riesgos significativos en el nivel de adecuación de las diferentes estructuras orgánicas al nuevo modelo de gestión orientado a resultados, así como deficiencias en los sistemas de seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos».

Según la metodología del Ministerio de Hacienda, cada consejería debía hacer una autoevaluación para verificar si su personal y sistemas estaban listos; «de las diez consejerías solo tres presentaron riesgo bajo para asumir la gestión de los subproyectos», Hacienda, Medio Rural y Ciencia. En riesgo medio se reconocieron Administración Pública, Industria, Educación, Derechos Sociales y Cultura. En alto quedaba Presidencia y «no constan» medidas adoptadas para rebajar los peligros detectados.

A nivel normativo, el Principado sacó adelante medidas para la gestión de este dinero a través de una ley (la de Medidas Administrativas Urgentes), un decreto, un reglamento interno, un plan de medidas antifraude, unas directrices aprobadas en Consejo de Gobierno y un régimen de fiscalización previa limitada validado en el mismo organismo. «A diferencia de otras comunidades», el Ejecutivo asturiano optó por distintas herramientas jurídicas, subraya la Sindicatura.

«Este elevado nivel de dispersión normativa, con disposiciones de diferente rango, no facilita una gestión eficiente de los proyectos financiados», lo que además «no garantiza adecuadamente el principio de seguridad jurídica» en los términos que exige la ley, destaca el informe.

«Sin menoscabo de que se pueda caminar hacia una futura unificación normativa, desde la Administración se primó la eficacia y la eficiencia», oponen desde la Consejería de Hacienda. En el departamento recalcan que en todo caso su proceder «de ningún modo supone inseguridad jurídica».