La UE concluye que España prorrogó el peaje del Huerna saltándose la normativa

Después de tres años analizando el caso, Bruselas ha optado por ampliar el expediente de infracción, al detectar incumplimientos de la normativa tanto en la prórroga ambas concesiones como en el posterior proceso de liberalización que permitió que inversores privados se hicieran con esas y otras autopistas. La venta de la Empresa Nacional de Autopistas S. A. (Enausa), que agrupaba a la AP-9 y la AP-66, entre otras, tuvo lugar en 2003, también bajo la presidencia de José María Aznar.

Estima Bruselas que las prórrogas y la venta de Enausa «al no ser precedidas de la publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de un procedimiento de contratación pública, vulneraron la directiva 93/37/CEE y los principios generales de igualdad de trato y transparencia que rigen las normas de la contratación pública». En su primera carta de emplazamiento a España por este asunto, en 2021, ya previno que a su juicio una prórroga de la concesión tiene la consideración de un nuevo contrato, y por tanto, debe salir a concurso público para que todos los interesados se postulen.

Una vez alcanzada esta opinión, remitirá una carta de emplazamiento adicional dirigida al Gobierno central; en ella explicará por qué jurídicamente considera que hay una violación del derecho comunitario en los contratos de las dos autopistas e instará al Gobierno central a que, de un lado, responda a esos argumentos, de otro, establezca las fórmulas para que en la AP-9 y la AP-66 se cumpla «las normativas relativas a los contratos de concesión de autopistas».

La UE insta a España a que corrija la situación y garantice «el respeto de las normas de la UE sobre las concesiones, que establecen la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación pública y el respeto de la obligación de transparencia».

La noticia la comunicó Bruselas en su paquete de procedimientos de infracción de cada miércoles. La Comisión intervino a raíz de una denuncia que cursó el 28 de septiembre de 2021 el entonces diputado de Podemos, Daniel Ripa. El representante de la formación constató que una asociación gallega había logrado que la Comisión analizara la legalidad de la ampliación de la AP-9 y, al entender que había elementos comunes, formalizó un escrito solicitando que también verificaran el caso del peaje del Huerna.

«Celebro una victoria histórica», indicó Ripa en sus redes sociales. El exdiputado considera que «este fallo acerca el fin del peaje Asturias-León». A su juicio en el proceso de prorroga del peaje «Asturias fue moneda de cambio. Nuestros representantes públicos callaron. Preferí actuar, desobedecer y denunciar», señaló, en referencia a las críticas que suscitó en la dirección de Podemos su campaña contra el peaje. «Quedan meses de lucha pero el desenlace será la supresión del peaje. Que nunca digan que no se puede hacer nada», confía.

Por su parte desde el Ministerio de Transportes recuerdan que en enero de 2022 respondieron a la carta de emplazamiento aportando «toda la información justificativa»; esto es, defendiendo que se obró conforme a la legalidad. «Por el momento no hemos recibido respuesta», señalan.

Desde el ministerio avanzan que cuando reciban la nueva carta «se aclarará» la situación de la AP-66 como antes se justificó la de la AP-9. «Es un trámite más del proceso», rebajan. Dado que el expediente es confindencial, «no vamos a entrar en especulaciones», expresan.