El Gobierno endurece los requisitos para crear nuevas universidades

Las autonomías podían aprobar hasta ahora proyectos de nuevas universidades con informes técnicos negativos del ministerio, porque esa evaluación era preceptiva, pero no vinculante. A partir de ahora no podrán autorizar proyectos de universidades que no superen un informe en profundidad realizado por su agencia de evaluación de la calidad o por la agencia estatal (ANECA). El nuevo informe, que se añade al ya existente, será obligado y vinculante y deberá asegurar que el proyecto garantiza los criterios de calidad exigidos por el real decreto. El informe vinculante será obligado para cualquier nueva solicitud, pero también para los ocho proyectos que a la entrada en vigor del real decreto aún no contaban con el informe preceptivo anterior para su creación.

Las universidades, para que se autorice su creación o no se revoque su actual licencia, deberán tener matriculados un mínimo de 4.500 alumnos entre grados, máster y posgrados. Las actuales tienen tres años para cumplir el plazo (unos catorce campus no cumplen a día de hoy) y los nuevos seis años desde el inicio de su actividad. Si pasado el plazo no cuentan al menos con el 80% de alumnos exigidos, se le revocará la autorización.

Esta condición solo es para los nuevos proyectos. Estas universidades deberán disponer de una capacidad mínima de alojamiento para el 10% de los alumnos que prevén tener matriculados al cuarto año de funcionamiento en sus grados. El motivo es que en España hay un millón de universitarios que estudian fuera de su lugar de residencia y que no pueden afrontar los alquileres del mercado de la vivienda.

Transcurridos seis años desde el inicio de las clases en una universidad el estudiantado de grado y dobles grados debe ser al menos el 50% de los matriculados en todos los estudios. Hay una excepción para potenciar la internacionalización. Si tiene más de un 50% de alumnos de máster extranjeros, se le permitirá que los de grado solo sean el 35% del total de estudiantes oficiales.

Todas las universidades tendrán como oferta académica mínima diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado. Además, la oferta académica debe abarcar al menos tres de las cinco ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).

Las universidades deberán destinar un mínimo del 5% de su presupuesto a investigación y deberán captar en convocatorias competitivas contratos de I+D+i por un valor mínimo al 2% de su presupuesto en su quinto año de funcionamiento. Si no cumplen con estas exigencias en plazo se les apercibirá oficialmente y si en dos años continúan con el incumplimiento será motivo de revocación de la licencia.

La mayoría de nuevos requisitos, todos menos el nuevo informe vinculante, el aval bancario del proyecto y la disposición de alojamientos para un 10%, no solo son de obligado cumplimiento para los campus que aspiran a ser autorizados sino también para los que ya cuentan con licencia o están en funcionamiento antes de la entrada en vigor de la reforma. Todas las universidades que funcionan en el país (50 públicas y 46 privadas) cuentan con un plazo de tres años para cumplir con los nuevos criterios del decreto y las ya autorizadas, pero que aún no han recibido permiso para iniciar clases, tienen los mismos tres años, pero desde que comiencen su actividad.