Violencia económica: una forma de maltrato que sigue siendo «socialmente aceptada»
Un informe de la Universidad de Oviedo revela el escaso reconocimiento jurídico que tiene esta forma de abuso
Impedir que la mujer trabaje. Controlar su dinero. No hacerse cargo de la manutención de los hijos. Son algunas de las formas que puede adoptar la violencia económica, la «dimensión oculta» de la violencia de género, una «realidad muy desconocida», una forma de violencia «muy sutil» que, en alguna de sus formas sigue siendo «socialmente aceptada». Eso explica que el 11,5% de las mujeres mayores de 16 años aseguren haberla sufrido en alguna ocasión. Esto es, los últimos datos indican que en España podría haber 2,3 millones de víctimas de la que está considerada como «la tercera forma más frecuente de violencia de género y que se manifiesta a través del dominio de la economía doméstica, la explotación económica o el sabotaje laboral«.
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Es ahora cuando se empieza a hablar de ello. Y lo hace la sociedad antes que las leyes, en las que aún queda un largo camino por recorrer. Así lo han asegurado hoy todos los expertos en la presentación del estudio 'Violencias económicas y salud financiera: un estudio jurídico', realizado por la Universidad de Oviedo en colaboración con la Fundación Nantik Lum. Ambas partes tenían mucho que decir en el asunto. Por parte de la Universidad, el grupo de investigación Finanzas y Gobierno Corporativo que, entre otras muchas cosas, trabaja en cuestiones de género y diversidad. Y la Fundación, representada hoy por su directora, Lucía Medina, y la coordinadora de proyectos, Isabel Nistal, porque en su larga trayectoria junto a mujeres en situación de dificultad han constatado que «la violencia económica es una lacra» que, además, como reconoce la directora de Igualdad del Principado, María Jesús Alvarez, perpetúa otros tipos de violencia, impidiendo a la mujer salir de la relación. «Es una forma de violencia de género, tan importante como las demás, que también estamos obligados a abordar», ha asegurado.
El estudio ha sido coordinado por la catedrática de Economía Financiera Silvia Gómez Ansón y ha contado con la participación de los profesores Javier Gonzalez Vega y María Paz Rivera y del investigador Daniel Mera. El informe analiza la regulación jurídica que tiene la violencia económica en todo el mundo, de lo que se concluyen «serias preocupaciones» sobre su reconocimiento jurídico. Tal y como ha explicado Javier González hay poca normativa en el contexto global y, la que hay , «son de carácter meramente recomendatorio». Destacan positivamente Francia y Reino Unido, mientras que la Unión Europea ha tenido por el momento un papel «decepcionante» y España «no ha hecho sus deberes» para trasponer las disposiciones con las que podría regular esta cuestión.
Y es que el Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, sí reconoce como una forma de violencia contra la mujer la violencia económica, pero España no ha desarrollado ese marco normativo.
Sentencias
La cuestión es que, en estos momentos, en España no se reconoce legalmente como una forma de violencia y solo hay cinco sentencias en los tribunales superiores. Así las cosas, la interpretación depende de jueces y magistrados, lo que «unas veces lleva a solucionar el asunto en los juzgados de Violencia de Género y otras veces en los de Instrucción», ha explicado Paz Rivera. Frente a esta situación legal, el vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus, Juan Carlos San Pedro, ha hablado de la importancia de «proteger a las mujeres desde una perspectiva legal y empoderarlas desde el punto de vista financiero para poder erradicar un tipo de violencia poco visibilizada, pero no por ello menos grave».
Tras la presentación del informe se ha organizado una mesa de debate en la que ha participado el decano de la Facultad de Derecho y experto en violencia de género, Javier Teruelo, que ha explicado la necesidad, en primer lugar, de «definir» qué es la violencia económica pera después incluirla en la Ley Integral y, después, afrontar el último paso, si hay que recogerla en el Código Penal.
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Mientras, lamenta María Jesús Álvarez, se sigue constatando que «la pobreza tiene nombre de mujer».
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