El abogado de Moro defiende que «no hubo vicios» en el contrato de las piscinas

José Carlos Fernández Blanco, el letrado que defiende en el caso por las supuestas irregularidades en las piscinas de Las Vegas al exalcalde de Corvera de la USPC, Luis Belarmino Moro, y a la concejala del mismo partido, Ana Belén Toro, pidió ayer la libre absolución para ellos. En su alegato final fue especialmente duro con el informe de la interventora sobre el trámite administrativo para la concesión de la gestión de estas instalaciones y su declaración en la sala judicial, poniendo de manifiesto todas las contradicciones y negando que hubiera «vicios» en la contratación. «La técnico terminó manifestando, aunque a regañadientes, que el contrato se hizo conforme a ley», recordó sobre su declaración en el juicio. Hizo lo mismo con el secretario municipal. En este caso recordó que no emitió informe en contra en su día a esa tramitación, aunque en su declaración el mes pasado en el juzgado la puso en duda.

Utilizando las declaraciones en sala de los técnicos y policías y los informes emitidos fue desmontando uno a uno los argumentos que hace una semana esgrimió la fiscal para mantener la imputación del delito de prevaricación para los expolíticos corveranos, después de retirar el de fraude. Así, enumeró todos los artículos que sostienen que el procedimiento de contratación fue legal, sin necesidad de pedir ofertas al tratarse de un contrato menor de servicios. Uno de los argumentos de la acusación es que lo podría haber hecho el personal de Corvera, «un mantra que llevamos escuchando mucho tiempo. He mirado en Google, la enciclopedia de los pobres, y no hay nada que diga que es ilegal. ¿Qué más da que haya personal? También lo hay para construir aceras y sin embargo se contratan. Es una realidad en todos los ayuntamientos».

En cuanto a la capacidad del ingeniero para hacer los pliegos, esgrimió las competencias que se recogen para estos profesionales en el decreto que regula su actividad y también el currículum y experiencia del mismo para concluir que era competente frente a lo que mantiene la acusación.

La Fiscalía se había referido también, basándose en el informe de la interventora, a que se inicia la contratación para los pliegos administrativos y técnicos, pero luego el contrato es solo de los técnicos. «Es un error en un único documento, como demuestra que se terminó presentando los dos pliegos», defendió el abogado de Moro y Toro. Negó también que se ocultara el contrato al secretario, como se indicó por parte de los técnicos en sus declaraciones. «Lo registró en diciembre de 2008, si luego él lo firma tres meses más tarde será porque no fue diligente», dijo.

Otro de los aspectos que abordó fue el hecho de que sea un contrato a 25 años, «se dice que es ilegal porque se aplica el plazo máximo legal, pero además se prevé el rescate de la concesión si fuera necesario. Es un contrasentido, como todos los vicios señalados en el procedimiento que luego se termina por reconocer que son legales». Desmontó también los argumentos sobre las tarifas que se aplicaron en las piscinas de las que la interventora llegó a decir que las que incluían los pliegos eran «humo». Aclaró que la ordenanza aprobada por el Pleno incluyó otras porque sobre las del pliego se efectuó la rebaja ofertada por la empresa ganadora. Sobre las inversiones puso sobre la mesa los datos sobre cómo fueron cuantificadas por la siguiente Corporación conmutando parte por pagos directos al Ayuntamiento, negando así el argumento de que no podían controlarse.

El 'post-it' que se atribuyó al exalcalde Luis Moro con las cifras de los contratos pagados por la empresa gestora por las obras en la piscina también fue objeto de parte del tiempo del alegato final de la defensa del expolítico. Para demostrar que no era suyo recordó que en junio de 2011 dejó de ser alcalde y el IVA que se aplica a las cantidades es del 21%, tipo que entró en vigor en julio. Defendió que alguien lo colocó para inculpar a su cliente, porque los policías no lo ven cuando revisan el expediente por primera vez y recordó la contradicción de la declaración del secretario municipal que dijo haber visto él el documento y el policía nacional que aseguró haberlo descubierto él en dependencias policiales.

Se refirió también al argumento sobre que las facturas por las obras de la cafeterías de las piscinas estuviesen hinchadas y dijo que «el Ayuntamiento tiene técnicos suficientes para comprobarlo, pero en estos años no se hizo ninguna valoración». Y terminó refiriéndose a la investigación por el Tribunal de Cuentas de los expedientes en relación a las piscinas. «No puso peros al que ahora se juzga, pero sí a la adjudicación del contrato del aparcamiento sin concurso en el que tienen responsabilidad quienes ahora acusan».