Alu Ibérica: una compra bajo sospecha que acaba en registros y detenciones

El operativo policial concluyó ayer con tres detenciones, aunque la identidad no ha trascendido ya que se ha decretado el secreto de sumario. Dos de los detenidos se encontraban en Madrid y un tercero en Málaga. Una cuarta persona se encontraba en viaje de negocios, no llegó a ser detenido, pero fue localizado e informado de la situación. Hoy declararán los cuatro en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos contenidos en la denuncia de la Confederación de Cuadros. El detenido de Málaga lo hará por videoconferencia.

Los agentes policiales llegaron a la entrada principal de la factoría de Avilés sobre las 9.15 horas. Después de presentarse ante el guardia seguridad, los vehículos donde viajaban los agentes de la UDEF se desplazaron a toda velocidad por el interior de la fábrica hacia las oficinas generales. Una vez en ellas, indicaron al personal que cesasen en sus funciones y no tocasen los equipos informáticos, si bien estos se encuentran en una situación de colapso desde la semana pasada.

Al tiempo, los agentes de la Unidad de Intervención Policial asumieron el control del acceso e inspeccionaron el perímetro de la fábrica para buscar posibles salidas. Durante toda la intervención, los funcionarios solicitaban la identificación de los vehículos que accedían a la factoría y apuntaban su matrícula. Cuando salían, se registraban.

El registro de los agentes de la UDEF se alargó durante nueve horas. Los funcionarios policiales estuvieron acompañados por personal de la Inspección de Trabajo. En el pasado, los inspectores ya concluyeron que la dirección de Alu Ibérica había cometido una falta calificada como «muy grave» por la ausencia de carga efectiva de trabajo.

A lo largo del registro, los policías fotocopiaron numerosa información y entrevistaron a directivos y cargos intermedios de todos los departamentos. La mayor parte del tiempo se dedicó a contabilidad, ventas y departamento financiero. En las entrevistas solicitaron información sobre los diferentes proyectos inversores anunciados por el Grupo Industrial Riesgo.

La inspección no se limitó a las oficinas. También se acercaron a las instalaciones de producción, tanto los hornos de fundición, como almacenes y las líneas de electrólisis. Los agentes policiales grabaron en vídeo todo el recorrido. No faltaron anécdotas, como el momento en el que la comitiva policial se encontró con un grupo de trabajadores que pintaba una barandilla. La inspectora de trabajo, que en anteriores visitas a Alu Ibérica los había visto en esa tarea, preguntó a los trabajadores qué hacían. «Pintamos la barandilla», le respondieron. «¡Pero si ya lo habíais hecho hace seis meses!», les replicó.

El recorrido fue minucioso y visitaron todas las instalaciones, preguntando sobre las diferentes inversiones que se habían anunciado y la situación de las plantas. Según los trabajadores, los agentes fueron «detallistas y minuciosos, sabían lo que les interesaba». A las seis y cuarto de la tarde, marchaban los últimos agentes de las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés.

Los registros policiales no se limitaron a Avilés y La Coruña. La operación alcanzó once puntos diferentes de la geografía española, movilizando a un total de un centenar de funcionarios de diferentes unidades.

Las visitas policiales incluyeron despachos de abogados en Madrid, las oficinas centrales de Alcoa y oficinas en Málaga y Castellón. La llegada de los agentes sorprendió a la multinacional estadounidense con la mayor parte de su personal en teletrabajo. «Hemos cooperado plenamente con las autoridades», declararon desde la multinacional estadounidense, recordando que el proceso de venta de la ambas plantas había sido avalado por el Ministerio de Industria. Después de la venta, la propia Alcoa presentó una denuncia contra el fondo Parter Capital al considerar que había incumplido los términos del acuerdo, si bien no han trascendido más detalles hasta el momento.

Desde el Grupo Industrial Riesgo no se realizó ayer ninguna declaración sobre la intervención en sus plantas.

1998. La multinacional Alcoa se hace con la empresa pública Inespal. El objetivo es convertirse en un gigante aluminero.

17 de octubre de 2018. Alcoa convoca a los comités de empresa para anunciarles el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña.

31 de octubre de 2018. La empresa presenta formalmente el ERE e inicia la negociación con los trabajadores.

9 de noviembre de 2018. Más de 50.000 personas clamaron en las calles de Avilés contra los cierres de las factorías. Trabajadores de otras industrias secundaron la movilización por el temor a un efecto dominó.

7 de diciembre de 2018. El Gobierno anuncia un régimen eléctrico propio para las grandes consumidoras a cambio de no abandonar la actividad o de vender sus plantas.

Evaluando inversores. Hasta nueve ofertas no vinculantes se llegaron a presentar por la planta de Avilés. Entre ellas, las de Parter Capital, Quantum Capital Partners, Liberty House, Cunext, Aludium y el grupo IR.

Solo quedó Parter. Finalmente se presentaron dos ofertas en firme y a pesar de los intentos de la plantilla y del Principado por convencer a Alcoa de que estudiase también la de Quantum, la multinacional se cerró en banda y eligió a Parter.

31 de julio de 2019. Parter y Alcoa firman la venta de las plantas, que pasan a denominarse Alu Ibérica.

15 de abril de 2020. Grupo Riesgo anuncia que a principios de año se hizo con el 74% de Alu Ibérica y asegura que realizará inversiones millonarias para modernizar ambas plantas.

22 de octubre de 2020. El comité avilesino avisa a la Guardia Civil para denunciar «el intento de achatarramiento» de la fábrica tras el traslado de fluoruro de aluminio y otros materiales, en camiones, a destino desconocido.

4 de diciembre de 2020. Inspección de Trabajo inicia un expediente sancionador a Alu Ibérica por la «falta de ocupación efectiva» de los empleados de la planta de Avilés. Un mes más tarde abre uno nuevo por el retraso en el pago de las nóminas.

22 de diciembre de 2020. El Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid admite a trámite la querella presentada por la Confederación de Cuadros por un supuesto delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida que ha atentado contra los cerca de 600 trabajadores de las fábricas de Avilés y La Coruña, que ha originado la investigación ahora en curso.

4 de febrero de 2021. La vista fijada en esta fecha en la Audiencia Nacional tras la demanda del comité de empresa para recuperar sus derechos en caso de despido se aplaza a mayo porque la parte contraria solicitó más tiempo para estudiar la documentación.

4 de marzo de 2021. Cien agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registran las fábricas y otras instalaciones de Riesgo.