La Audiencia Nacional condena a Alcoa a indemnizar o recolocar a los trabajadores

El proceso iniciado por el comité de empresa de las plantas de Avilés y La Coruña se dirigía contra las empresas Alu Ibérica, Parter Capital y Alcoa, solicitando la responsabilidad solidaria entre las tres. Sin embargo, la sentencia absuelve a las dos primeras y considera como una única responsable a Alcoa, que ahora vuelve tener que afrontar el pago de una cantidad que ya ha aportado durante los dos últimos años. Las condiciones pactadas fijaban un pago de 10.000 euros para cada trabajador, una indemnización de sesenta días por año trabajado sin límite de años y establecer un plan de rentas para asegurar a los mayores de 53 años, de tal manera que su futura pensión no se viese mermada. El alcance del plan de recolocaciones no se llegó a concretar con tanto detalle.

Y es que para el alto tribunal la multinacional norteamericana ha actuado como «el verdadero empresario» durante los dos últimos años, por la aportación económica que se ha transferido, además de tutelar la gestión de la empresa con una serie de servicios que había determinado en el contrato de venta a la empresa.

El conflicto que aborda la sentencia es la doble opción que, hace dos años, se planteó a los trabajadores. Por una parte, unas indemnizaciones muy superiores a las condiciones mínimas legales, o bien destinar ese dinero a asegurar un plan industrial que supusiese el mantenimiento del empleo. Como se sabe, la plantilla optó por esta solución, encargándose Alcoa de buscar un comprador.

En este punto, la sentencia de la Audiencia Nacional recuerda que, tras la reforma laboral de 2012, la decisión de ejecutar de un despido colectivo corresponde al empresario, siendo él, por tanto, responsable y consecuente con la decisión, por lo que no cabe transmitir al gobierno nacional o a los ejecutivos autonómicos de Asturias y Galicia cualquier tipo de responsabilidad en este proceso.

A partir de ahí, la sentencia se basa en la memoria técnica elaborada por Alcoa para negociar el despido colectivo. En ella, se describe la posición de liderazgo de la multinacional en el sector del aluminio, lo que resulta clave para poder identificar a un comprador con conocimientos técnicos y capacidad financiera.

La sentencia señala que ambas características no aparecen ni en Parter Capital ni, posteriormente, en el Grupo Industrial Riesgo que, incluso, carecen de capacidad económica y dependen de los recursos que les facilita «Alcoa como el único inversor». De esta manera, la sentencia concluye que «el propósito de la compraventa era promover la desvinculación formal de Alcoa como empresario de los trabajadores a efectos del despido colectivo», lo que se trata de un «propósito fraudulento», según leemos en los argumentos jurídicos de la sentencia.

Para la Audiencia Nacional, el objetivo de conseguir la reindustrialización «no se ha logrado por causas imputables a Alcoa», por lo que la consecuencia es activar «las relaciones labores en los términos, condiciones y plazos establecidos», en una decisión que afecta tanto a las indemnizaciones pactadas como al plan de recolocación externa que la multinacional había planteado durante las negociaciones.

«Puede estimarse paradójico que sean los propios trabajadores a través de sus sindicatos, los que impulsen esta medida extintiva, pero su pretensión es la única alternativa posible para salir del callejón al que todos estos vericuetos mercantilistas han situado a las plantas de La Coruña y Avilés», asegura la sentencia.

Por su parte, la Federación de Industria de UGT en Asturias emitió ayer un comunicado en el que expresaba su satisfacción por la decisión judicial y los términos en los que se expresa. «UGT -FICA Asturias siempre defendió que Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de las plantas, como así reconoce la sentencia», declaran.

Sin embargo, el sindicato señala que la solución a los problemas de las plantas no se logrará por una sentencia judicial, que no garantiza el mantenimiento del empleo ni la continuidad de la actividad, por lo que reclaman «al gobierno central y al de Asturias un compromiso efectivo y real que permita consolidar un proyecto industrial, que no pasa ni por el fondo Parter ni por el Grupo Industrial Riesgo, tal como veníamos diciendo y que la sentencia ratifica», concluye UGT.