La Audiencia Nacional imputa a un socio de Doménech por presunto blanqueo de capital
La jueza María Tardón investiga a Francisco Javier Fernández de Boadilla por todos los delitos por la quiebra de Alu Ibérica
La jueza titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha incrementado el número de investigados en las ... diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales por los presuntos delitos en la venta de Parter Capital al Grupo Industrial Riesgo. El nuevo imputado es Francisco Javier Fernández Boadilla y que aparecía en diferentes informes elaborados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, especialmente a raíz de las operaciones con criptomonedas y que, supuestamente, se usaron para blanquear dinero de Alu Ibérica.
De hecho, inicialmente Boadilla figuraba investigado por su relación con los posibles delitos en la compra de criptomonedas que supondría un ilícito de blanqueo de capitales. Sin embargo, la jueza María Tardón ha decidido imputarle en la causa principal, atribuyéndole los mismos delitos que a Víctor Rubén Doménech, Alexandra Camacho, Luis Losada y Diego Peris.
Francisco Javier Boadilla es abogado y socio mayoritario del bufete Akerman and Schwartz Attorneys at Law, una sociedad limitada profesional creada por Doménech y a la que Boadilla accedió a participar por su amistad con el presidente del Grupo Industrial Riesgo, sin tener ninguna vinculación con la gestión, ni la dirección del bufete que recaía en Doménech, a pesar de no ser licenciado en Derecho.
Luis Losada señala ante la instructora sentirse «estafado» por parte del director del Grupo Industrial Riesgo
Aunque era el socio mayoritario, Boadilla no se responsabilizó de las obligaciones legales que tenía, y eso que, como abogado, se ha especializado en derecho mercantil. Ante la jueza no pudo justificar su comportamiento. Tan sólo reconoció que había asesorado «como amigo» a Doménech ante algunas operaciones, advirtiéndolo, por ejemplo, de la posible ilegalidad de la maniobra que planteaba para hacerse con las plantas de Alu Ibérica.
Por su parte, Luis Losada ya prestó su declaración voluntaria ante la jueza María Tardón, sin llegar a aportar ningún elemento radicalmente nuevo. Tan sólo aseguró sentirse «estafado» por Ricardo Doménech y Alexandra Camacho, ya que no le pagan las cantidades comprometidas.
Aseguró que cedió sus firmas digitales para las operaciones bancarias y también una escaneada que utilizaban constantemente en el bufete Akerman, incluyendo documentos en inglés que no entendía. Insistió en que actuaba de buena fe y que quería que todo se hiciese de manera legal.
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