La Audiencia Nacional prepara la administración judicial de Alu Ibérica
El informe de los interventores desvelado por EL COMERCIO - LA VOZ DE AVILÉS provoca que la jueza instructora convoque a las partes para tomar el control de la empresa
La Audiencia Nacional se prepara para tomar el control de las fábricas de Alu Ibérica en Avilés y La Coruña después de que el informe de los interventores judiciales desvelado por EL COMERCIO - LA VOZ DE AVILÉS advirtiese de la incapacidad de gestión del Grupo Industrial Riesgo y la existencia de prácticas destinadas a descapitalizar la compañía y contrarias a los intereses generales de la empresa.
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Así, la jueza María Tardón, titular del juzgado central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional e instructora de la causa penal abierta por un presunto delito de estafa contra Alcoa, Grupo Parter y Grupo Industrial Riesgo, además de diferentes directivos de las tres compañías después de la denuncia interpuesta por la Confederación de Cuadros y Profesionales a la que, posteriormente, se adhirieron todos los sindicatos y el gobierno de España, ha convocado a todas las partes para una comparecencia que se celebrará el miércoles de la próxima semana, día 30 de junio, a partir de las 12.30 horas en las dependencias judiciales.
El encuentro servirá para que las diferentes partes presenten sus argumentos a favor y en contra de la intervención. Desde que el pasado mes de marzo, María Tardón ordenase el registro judicial de las fábricas de Alu Ibérica, la sede de Alcoa, el Grupo Industrial Riesgo y varios domicilios y despachos de profesionales vinculados a la aluminera, los sindicatos han venido reclamando la administración judicial de la sociedad para salvaguardar sus puestos de trabajo. Lógicamente, será la posición que mantengan el próximo miércoles con el refuerzo de los argumentos facilitdos por los interventores.
Queda por conocer la actitud que mantendrán los representantes del Grupo Industrial Riesgo y que, en este trámite, disponen de un peso sustancial toda vez que son los propietarios de la empresa. La reciente sentencia de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional cuestiona abiertamente su capacidad de gestión y, de igual manera, los informes de los interventores no presentan un retrato muy favorable de su administración, además de detectar indicios de presuntos delitos que, hasta el momento, no se habían investigado.
Una vez que María Tardón escuche los argumentos de las partes tomará una decisión sobre la administración judicial. No existe un plazo fijado para que se pronuncie, aunque por la naturaleza de la situación podría ser el mismo miércoles.
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