Un heredero evita pagar más de 11.000 euros al ERA por la residencia de su madre
Tras el fallecimiento de la mujer en la residencia El Villar, en Avilés, Servicios Tributarios le reclamaba el pago correspondiente al ejercicio de 2018
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo ha dado la razón a un avilesino al que el entre tributario del Principado le ... reclamaba 10.049 euros más los intereses, valorados en más de 1.000 euros más, por el ejercicio 2018 en relación a la estancia de su madre en la residencia de El Villar, del ERA.
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El motivo objetivo por el que ha podido librarse de esta carga económica es no haber aceptado la herencia de su madre en su día. Sin embargo, El Principado defendió ante el juzgado que sí lo habría hecho porque tramitó el impuesto de sucesiones y también porque le atribuían haber sacado en varias ocasiones dinero de la cuenta bancaria de su madre tras su fallecimiento.
Sin embargo, la jueza no creyó probadas estas cuestiones que aportaba la acusación y aludiendo a varias sentencias de instancias superiores sobre la declaración de una persona como heredero concluye que el hecho de abonar el impuesto de sucesiones no lo convierte en heredero. Además, este avilesino habría renunciado, ya con posterioridad a que le hiciera la reclamación el Principado, a la herencia de su madre. Y en cuanto a los cargos en la cuenta de la fallecida, en la sentencia se deja claro que no fue posible demostrar que fuera el hijo el que hubiera retirado ese dinero.
Reivindicación
En el juicio, este avilesino estuvo defendido por el letrado, Manuel Gómez Mendoza, que es, además, presidente de la Plataforma de Afectados por el ERA. Tras la sentencia que evita que su representado haya tenido que abonar más de 11.000 euros, volvió a arremeter contra la entidad pública que continúa con este tipo de reclamaciones «abusivas» a los familiares tras los fallecimientos de los residentes.
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Gómez Mendoza volvió a reclamar al Gobierno del Principado de Asturias que establezca una normativa por la que el coste de la estancia en las residencias públicas se limite a la paga que cobre cada una de las personas que ingrese en ellas para garantizar así la asistencia y que las familias «no tengan que endeudarse o arruinarse para que sus padres tengan la atención que necesitan».
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