Las ministras Pilar Alegría y Ana Redondo ven en Asturias un modelo de educar en igualdad

Las dos ministras del gobierno de Pedro Sánchez acudieron a la inauguración del 'Encuentro Internacional de Coeducación' celebrado en el Centro Niemeyer, cuya explanada se llenó a primera hora de autoridades con la presencia del presidente Adrián Barbón, la vicepresidenta, Gimena Llamedo; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y la alcaldesa Mariví Monteserín.

Ana Redondo, que más tarde participó en una de las mesas del plenario, aseguró ante los medios que en el Principado se lleva trabajando muchos años en igualdad y eso marca la diferencia sustancial. «Hay momentos en la historia en los que hemos perdido la oportunidad y cuando dejamos de apostar por la educación para la ciudadanía hace más de diez años, perdimos una oportunidad histórica de conocer hoy un presente diferente», aseguró. En su opinión, la coeducación «no es una alternativa metodológica ni una forma de educación más sino que es la educación en valores constitucionales». Consideró que la apuesta de Asturias es «singular» por los acuerdos de Coeducastur que «previsiblemente se firmarán hasta alcanzar la cifra de cincuenta».

La ministra portavoz, Pilar Alegría, que no acudió al plenario en contra de lo que indicaba el programa previsto, reiteró que la celebración de este congreso en Avilés «no es casual» porque los programas que se celebran aquí son «absolutamente pioneros en favor de la coeducación y de la mejora de la calidad de nuestra educación». Puso como ejemplo el proyecto de Las Escuelinas al que se han destinado 18 millones de euros procedentes de fondos europeos, para poner en marcha más de 1.700 plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años. «Están destinados a niños en una plaza educativa y pública con los efectos positivos que eso tiene». Añadió que estos proyectos «también son importantes para evitar la despoblación en la zona rural».

Pilar Alegría aludió también a que «hay algunos otros que se les llena la boca y luego devuelven los fondos para impedir que haya posibilidad de plazas públicas, como en Andalucía».