El PP de Avilés denunciará en el Tribunal de Cuentas «los graves incumplimientos de la Mancomunidad»
Señala la no aprobación de la Cuenta General durante tres ejercicios y una tardanza de ocho meses en la aprobación del presupuesto
Esther Llamazares, portavoz del grupo municipal popular, anunció ayer que enviará al Tribunal de Cuentas toda la información sobre los «incumplimientos de la Mancomunidad ... Comarca de Avilés» tras enumerar hasta siete presuntas irregularidades, siendo las más destacadas que la entidad llevaría tres ejercicios sin aprobar la Cuenta General y ocho meses ejecutando un presupuesto que hasta este mes no ha entrado en vigor. El objetivo de esta decisión es que el órgano «fiscalice una gestión que ha derivado en descontrol y opacidad y bordea la legalidad o directamente se la salta».
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Según Llamazares, los principales incumplimientos detectados afectan al presupuesto de este 2025, que fue aprobado el 3 de enero y no se publicó en el BOPA hasta el 24 de septiembre. Es decir, «ocho meses ejecutando un presupuesto que no podría haber sido ejecutado hasta hoy día 25 de septiembre, un día después de su publicación». Respecto a la Cuenta General, el documento que informa al cierre de cada ejercicio de su situación patrimonial y financiera de entidades y empresas, no habría sido aprobada en 2022 ni en 2023 ni en 2024.
Además, tal como expuso en el pasado Pleno municipal, la Mancomunidad lleva sin convocar a su junta desde enero, cuando debería reunirse cada tres meses. En opinión de Llamazares, esto supone una evidente «falta de control interno». Recuerda que este ente gestiona directamente un total de 1.852.149 euros, más 239.941 euros correspondientes a su presupuesto anual.
La portavoz se refirió al plan comarcal (1,8 millones) y dijo que fue «ejecutado en un limbo legal mientras no había presupuesto en vigor» y en el caso del municipal, dotado con 2,1 millones de euros, «no sabemos qué entidades gestionan qué actuaciones ni con qué personal», afirmó Llamazares.
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Cargó también contra la concentración de poder en la presidencia, que puede adjudicar directamente contratos hasta 120.000 euros sin pasar por la Junta, aunque reconoció que esta propuesta fue aprobada en la Junta de enero del año pasado por los representantes de PSOE e Izquierda Unida.
Y señaló dentro de las supuestas irregularidades que pretende poner en manos del Tribunal de Cuentas lo que denominó «una usurpación de funciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)» porque se creó un puesto eventual de asesor de promoción turística «que no puede legalmente gestionar planes ni fondos europeos, eso es lo que dice la RPT, en realidad firma como Gerente del PST».
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