El Principado distinguirá a quienes lucharon por defender la República

Así consta en la propuesta de decreto para dar luz verde al Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática, que precisa que se distinguirá, «entre otros, a los integrantes del Consejo Interprovincial de Asturias y León y del Consejo Soberano de Asturias y León».

El BOPA publicó ayer la resolución de la Consejería de Presidencia por la que se acuerda someter a trámite de información pública esa propuesta de decreto, para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y particulares lo deseen en un plazo de veinte días hábiles.

Un texto muy esperado por las asociaciones memorialistas que, más de dos años después de su aprobación, desarrolla la Ley de Memoria Democrática del Principado -que salió adelante en 2019 con los votos en contra de PP y Foro- y que, entre otras cuestiones, regula los fines y la información que recogerá un censo de víctimas y desaparecidos, así como los procedimientos que habrá que seguir ante el hallazgo de restos humanos y en su posterior exhumación (que podrá iniciarse de oficio por la propia consejería o a solicitud de los familiares directos de las víctimas), además de los reconocimientos en materia de memoria democrática, como el nombramientos de hijos predilectos y adoptivos.

Pero, además, se regula también la creación de un banco de ADN y de tres nuevos órganos, todos contemplados en la ley autonómica.

En primer lugar, el Instituto de la Memoria Democrática del Principado, cuya dirección tendrá rango asimilado a una jefatura de servicio y que incluye un área de documentación y otra administrativa. Y, dependiente de él, un Comité Técnico para la Recuperación e Identificación de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, al que le corresponderá velar por que se cumpla el protocolo previsto para las exhumaciones y cuyos miembros serán nombrados por un periodo de cuatro años, pudiendo ser renovados por dos mandatos mas.

El Comité -que decidirá si se exhuma una fosa o no- estará presidido por la directora general y constituido por un representante del Instituto de Medicina Legal, otro de la Fiscalía, un máximo de cuatro expertos en arqueología e historia contemporánea, una persona del Instituto de la Memoria, otra más propuesta por entidades memorialistas y un secretario con voz pero sin voto.

Y, por último, el Consejo de la Memoria, que elaborará propuestas e informes sobre el cumplimiento de la ley y que contará con un representante por cada partido con presencia en la Junta.

En cuanto a los denominados Lugares de la Memoria Democrática, sus propietarios deberán permitir que se señalicen y solicitar autorización para cualquier intervención. En ellos, «se garantizará la difusión de los trabajos de búsqueda, identificación y exhumación» de restos mortales de las víctimas, «procurando la mayor audiencia posible a la sociedad en general, con especial atención al ámbito académico, especialmente en los niveles de enseñanza media y universitaria».