El Principado ya negocia con el Gobierno el apoyo de las mutuas para recortar las bajas traumatológicas

El Principado se ha mostrado a favor de esta medida que, de hecho, está recogida en la concertación regional firmada el pasado mes de septiembre. El documento incluye el compromiso de desarrollar los pactos estatales en materia de incapacidad temporal de los trabajadores, entre ellos, el mayor aprovechamiento de los recursos de las mutuas con el fin de recuperar la salud de los trabajadores, un acuerdo que fue suscrito por las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y CC OO y UGT. Este pacto se incluyó en la última reforma de las pensiones.

El objetivo es que estas entidades sean más activas en las incapacidades temporales por contingencias comunes ligadas a procesos traumatológicos, de forma que permitan acelerar los diagnósticos y los tratamientos, ya que se entiende que, en la actualidad, están desaprovechadas. Responde, además, a una petición tradicional de los empresarios, incluida la patronal regional, y cuyo interés ha crecido en los últimos años, a medida que escalaba la cifra de bajas laborales y su duración. Según los datos de la Seguridad Social, Asturias registra 19,4 días de media por trabajador en cuanto a procesos de incapacidad temporal, casi el doble que hace diez años, y un 15,4% por encima del conjunto del país, que se sitúa en los 16,8 días. La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) califica su coste como «inasumible» y lo cuantifica en 280 millones de euros anuales si se suma el importe directo que suponen esas bajas a las compañías de la región y a las mutuas. En solo dos años, se ha disparado un 34,3% y si solo se tiene en cuenta el caso de las empresas ese aumento es superior y roza el 40%.

Para que las mutuas amplíen sus competencias de esta forma es necesaria la firma de convenios de colaboración entre la Consejería de Salud y las mutuas, que amplían sus competencias, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De este modo, estas entidades «pondrán a disposición sus recursos humanos y materiales con el fin de mejorar la salud de los trabajadores y evitar la prolongación innecesaria de los procesos». Por tanto, podrán realizar pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, e incluso intervenciones quirúrgicas.

No obstante, las bajas, sus confirmaciones y las altas médicas continuarán siendo emitidas por los facultativos de los servicios públicos de salud, un aspecto en el que insisten los sindicatos. UGT y CC OO aprueban que las mutuas tengan un papel mayor si permiten mejorar la situación de los trabajadores en baja y acortar los procesos, pero rechazan tajantemente que puedan tener algún tipo de decisión sobre la concesión de las incapacidades o las altas, puesto que temen que pudieran utilizarse como un elemento de presión hacia el empleado. De hecho, será voluntario para el trabajador recibir la atención de una de estas entidades.

Además, aunque la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) pide que puedan también prestar asistencia sanitaria integral y emitir altas médicas, los sindicatos lo ven como una línea roja.

«Las mutuas forman parte del sistema público y con este nuevo marco aprovechamos mejor sus recursos con el fin de recuperar la salud de los trabajadores, garantizar una atención más especializada y menos esperas en los tratamientos, y descongestionar el sistema público de salud», defiende la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, mientras el Gobierno avanza en las negociaciones con las comunidades, incluida Asturias.