Asturias rechaza la ampliación de regiones beneficiarias del fondo de Transición Justa

La preocupación llega a tal punto que la eurodiputada asturiana de Ciudadanos Susana Solís remitió una carta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para instar a Teresa Ribera a que resuelva «a la mayor brevedad posible» los trámites pendientes. «Las autoridades europeas, y así lo han manifestado, necesitan tres meses para evaluar y aprobar los planes. No dará tiempo», advirtió Solís.

La intención del Ministerio es enviar mañana, viernes, la que será su tercera versión del plan de Transición Justa, que, de momento, «sigue en el limbo mientras otros países europeos ya han hecho los deberes». En caso de que no se cumplan los tiempos marcados por Bruselas, se perdería la primera anualidad de este fondo europeo, dirigido a paliar las consecuencias de la descarbonización y el cierre progresivo de las minas de carbón y las térmicas. «Nos jugamos mucho y el Gobierno español no debería esperar al último minuto», reprueba Susana Solís, que recientemente visitaba Avilés como parte de una delegación de la Comisión de Industria, Energía e Investigación del Parlamento Europeo que quiso conocer de primera mano el impacto que la transición energética está teniendo en el tejido industrial del norte de España.

«La situación es preocupante. No lo digo yo. Me lo han advertido en la Comisión Europea», subraya Susana Solís, que recuerda los números del programa de Transición Justa para dar una idea de lo que se juega España, y también Asturias, en la tramitación de estos fondos: «El retraso puede llegar a suponer la pérdida de 200 millones de euros; 66 en el caso de Asturias. Por no hablar de que hay comisarios europeos que consideran el contenido de algunos de los planes previstos contrario a la normativa y al ámbito de aplicación de los fondos».

La inflación ha obligado a actualizar esas cifras, quedando la anualidad en 225 millones de euros y la partida destinada inicialmente a Asturias en 71,8 millones. Llama la atención que el Gobierno haya incluido a Baleares entre las regiones beneficiarias del fondo de Transición Justa, que, en un principio, iba a repartirse solo entre Asturias, León, Palencia, La Coruña, Teruel, Almería, Cádiz y Córdoba. A cada una de esas provincias le corresponderá, por tanto, menos dinero del previsto.

El director general de Asuntos Europeos, Javier Vila, se hacía eco ayer de esta novedad, mostrando abiertamente su desacuerdo. «Las únicas que deben permanecer de momento como beneficiarias del fondo son aquellas regiones más afectadas por la descarbonización», defendió tras participar en la segunda sesión del Pleno del Comité Europeo de las Regiones. «No tendría sentido cambiar el objetivo ni mucho menos el número y tipo de regiones beneficiarias de este fondo», subrayó.

En opinión de Vila, «esto se podría considerar únicamente para el fondo de Transición Justa del próximo marco financiero plurianual, a partir de 2028». No sin antes «evaluar el impacto que el fondo tiene en la evolución económica y social de las regiones» que han sido destinatarias de este programa de ayudas. El director general de Asuntos Europeos del Principado abogó, además, por «una mayor flexibilidad de los plazos, en coordinación con los demás fondos de cohesión y planes de recuperación».

Todo apunta que el plan español de Transición Justa se aprobará «in extremis», según fuentes de la Comisión Europea, «siempre y cuando se cumplan los requisitos fijados y exista compatibilidad de los proyectos presentados con el Régimen de Competencia de la Unión Europea». En cualquier caso, «ha quedado de manifiesto la descoordinación del Gobierno para tramitar los fondos europeos», incide Susana Solís.