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Una de las oficinas de Sabadell Herrero, en Gijón. Damián Arienza

Las condiciones del Consejo de Ministros «dan respuesta» a las demandas del Principado sobre la opa del BBVA

El consejero de Hacienda hace «una valoración positiva» y considera que prevalece «el interés general»

Martes, 24 de junio 2025, 18:22

El Gobierno del Principado ya había manifestado su rechazo a que la opa de BBVA sobre Banco Sabadell saliera adelante en las condiciones en las ... que estaba planteada. Lo expresaron distintos miembros del Ejecutivo, entre ellos, el presidente regional el pasado viernes, en la entrega del Premio Álvarez Margaride, y también lo trasladó por carta al ministro de Economía el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Y ha sido él mismo el que ha hecho las primeras declaraciones tras conocerse los requisitos adicionales impuestos por el Gobierno central. «Tenemos que hacer una valoración positiva», subrayó el también portavoz del Principado, que defiende que esta operación debe contemplarse no desde una perspectiva puramente económica, sino con el objetivo de preservar el interés general.

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Lo «focalizábamos en el mantenimiento del empleo, en la exclusión financiera, es decir, tratar de vertebrar la cohesión territorial a través de garantizar el acceso a servicios financieros en todo el territorio asturiano, y también que se mantuviera la obra social y el especial arraigo del Banco Sabadell con el territorio asturiano», insistió este martes.

En este sentido, Peláez se congratula de que el acuerdo del Consejo de Ministros establezca más condiciones a la opa en relación a cinco puntos: preservar la competencia y garantizar que haya competencia, sobre todo, en la asistencia financiera a las pymes; el mantenimiento del empleo y también de las sucursales, de la obra social de las dos entidades y tratar de promocionar la investigación y el desarrollo tecnológico.

Con la identificación de esos cinco vectores, «sentimos que están identificadas las prioridades que marcó el Gobierno del Principado», recalcó Peláez, que recuerda también la «única condición» impuesta por el Ejecutivo central: que ambas entidades funcionen de forma independiente tres años más, prorrogables por otros dos.

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«Esto supone que aunque el accionariado, los accionistas o los propietarios de las dos entidades sean los mismos, las dos deben funcionar con independencia, es decir, serán dos entidades con dos personalidades jurídicas distintas como hasta ahora y deberán funcionar con independencia en lo que se refiere a la oferta de crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas;en lo que se refiere al empleo, al mantenimiento de las sucursales y también al mantenimiento de la obra social», recordó.

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