Diez mil asturianos podrán reclamar en los juzgados que se anule el índice de su hipoteca

Una de cal y otra de arena. Con su sentencia sobre el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abierto la puerta a que los juzgados españoles puedan considerar como «abusiva» la cláusula por la que una hipoteca calcula su tipo de interés en función de ese índice aplicado por parte de la banca, una situación que en Asturias podría afectar a unas 10.000 familias.

El fallo, por una parte, apoya al cliente porque habilita la posibilidad de que un juez pueda considerar falta de transparencia por parte del banco al comercializar ese crédito. Pero indirectamente beneficia a la banca, porque solo podrán hacerlo caso por caso, siempre que el ciudadano lo demande en un juzgado, algo que no siempre ocurre.

La sentencia dictamina que los consumidores tienen derecho a ratificar que las condiciones en las que les vendieron esos préstamos «son claras y comprensibles», no solo en un plano formal y gramatical, sino también permitir que un cliente «medio esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo».

El tribunal comunitario va más allá al apuntar que en los casos en que no se cumplan las condiciones de claridad los jueces pueden suprimir el IRPH y sustituirlo por otro índice siempre que sea imprescindible para mantener en vigor el contrato y evitar así males mayores al cliente. .

Este fallo abre un nuevo capítulo en el campo de las reclamaciones de los hipotecados con la banca, en muchos casos verdaderos expertos en pleitear tras casos como el de las cláusulas suelo. Adicae ha pedido a los afectados que, como primer paso, realicen «una reclamación extrajudicial», aunque después acudan a los tribunales.

La resolución supone cierto alivio para el sector financiero, tal y como reconocen las entidades. En un comunicado conjunto, la AEB (Asociación Española de Banca) y la CECA consideran que aun cuando un juez pueda considerar que la comercialización de una hipoteca con el IRPH no fuera transparente, no tendría coste para el sector. «El efecto sería la sustitución del IRPH de cajas o banco por el IRPH de las entidades, cuyo valor es prácticamente idéntico». Las patronales del sector insisten, además, en que la sentencia considera que la publicación de la fórmula de cálculo del IRPH en el BOE «es suficiente para comprender cómo funciona». Así lo interpretaron ayer las cotizaciones de los bancos nada más conocer el fallo, con repuntes de hasta el 7%. Sin embargo, la dosis de realidad posterior mitigó las ganancias e, incluso, llegaron algunas pérdidas.

De hecho, la Unión de Consumidores de Asturias defiende que si el índice se declara abusivo podría ser sustituido por el euríbor que cotiza en negativo, al -0,253% frente al IRPH que esta al 1,825%. «Si se aplica con carácter retroactivo la sustitución posibilitará recuperar cantidades entre los 15.000 y 20.000 euros por hipoteca, ademas de reducir la cuota mensual entre 150 y 300 euros al mes», señalan. Además, el IRPH se aplica en los planes de vivienda protegida en el Principado, lo que afecta también a miles de familias. Esto «obligaría al Gobierno a sustituirlo por el euríbor, reduciendo la cuota hipotecaria entre 100 y 250 euros al mes», aseguran también desde UCE.

Los bufetes de abogados especializados en esta materia comparten esta opinión y prevén ya un aluvión de demandas. «La sentencia es extraordinariamente positiva», afirma Pablo Vallaure, de Vallaure Abogados, que cree que los hipotecados podrán recibir «una sorpresa desde buena a muy buena» una vez los casos se resuelvan en los juzgados españoles, porque está convencido de que en la firma de las hipotecas no hubo la trasparencia que requiere la UE. Insiste, además, en que todos los que han tenido su hipoteca referenciada al IRPH tendrán derecho a reclamar, incluso tras cancelar el crédito.

«Nuestra experiencia profesional nos dice que la mayor parte de los afectados desconocían lo que estaban firmando», coincide Ángela Elisa, de Orejas Abogados, que asegura que «no se les explicó adecuadamente en qué consistía este índice y, sobre todo, no se les hizo una comparativa con euríbor que les permitiera tomar una decisión basada en el conocimiento del impacto económico».

Ante una posible avalancha de reclamaciones, desde el Ministerio de Economía recalcan que la banca española «tiene la solidez suficiente para hacer frente» a todas esas demandas e incluso al abono de las cantidades correspondientes, si así lo determinasen los jueces. Además, anticipan que la futura puesta en marcha de la Oficina de Protección al Cliente «podría agilizar» los casos.