El Gobierno da el primer paso para condonar 83.000 millones a las autonomías y acusa de «postureo» al PP por su oposición

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, arguyó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la posición del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo supone un «ejercicio de irresponsabilidad», que es mero «postureo» y que solo se explica por su empeño en no apearse del discurso de que Sánchez incurre en agravios territoriales como consecuencia de su dependencia de las fuerzas independentistas catalanas. «Es una medida buena para todos -adujo- ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? ¿Qué familia si se le plantea una condonación de su hipoteca va a decir que no a que alivie la parte de deuda que tiene su familia?».

A pesar de que, según sus propias explicaciones, se ha buscado un método que arroje unos resultados proporcionales y equitativos, Montero remarcó especialmente la situación en la que quedarían, de acogerse a la medida, tres comunidades en las que gobierna el principal partido de la oposición: Andalucía, la que mayor volumen de deuda vería condonada en términos absolutos al ser la de mayor población (18.791 millones de euros); la Comunidad Valenciana, la que disfrutaría una mayor quita por habitante (2.234 euros) y Canarias, la mayor porcentaje verá perdonado (un 54%). Cataluña, no obstante, es otra de las grandes beneficiarias, muy poco por detrás de Andalucía, con 17.104 millones de euros de deuda asumidos por el Estado.

Los argumentos de cada ejecutivo popular para rechazar la quita son variados, como lo es su situación financiera. La Comunidad de Madrid, que nunca ha tenido problema para financiarse en los mercados y no tiene deuda con el FLA, el mecanismo de auxilio puesto en marcha por el Estado durante la crisis de 2008, alega que el beneficio para los ciudadanos es nulo porque la deuda no se evapora sino que se limita a cambiar de manos. Otras autonomías perjudicadas por el sistema de financiación en vigor, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, insisten en que lo que es preciso es la reforma del modelo y en que la condonación supone poco alivio porque no podrán aumentar el gasto social.

Montero ha asegurado que esa afirmación es falsa y que lo que las autonomías (del régimen común) dejen de pagar en intereses de deuda, entre 2.600 y 2.700 millones de euros, según sus cálculos, podrá ser destinado al fortalecimiento del Estado de bienestar y políticas sociales, a pesar de que fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la que en el informe elevado hace meses al Consejo de Política Fiscal y Financiera advirtió de que dado que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto, el ahorro producido «no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas».

El de si la quita permitirá a o no a las autonomías gastar más no es el único asunto en el que el Gobierno desoye a la Airef. El organismo también sugirió que se condicionara la condonación a que los territorios cumplan sus reglas fiscales, pero el texto aprobado por el Gobierno no lo contempla y, además, mantiene unos criterios finales de reparto que no obtuvieron el visto bueno de la entidad presidida por Cristina Herrero.

Aunque el 75% de la quita se distribuye, en una primera fase, en función de la población ajustada de cada territorio, la fórmula diseñada por el Ejecutivo atiende también a otros factores. Por un lado, ninguna comunidad puede quedar por debajo de un 19% de deuda condonada; de modo que en una segunda fase se ajusta el resultado para que así sea. Y por otro, en una tercera fase, se compensa en función de cómo se comportó con cada autonomía el sistema entre 2010 y 2022, y se hace un último ajuste adicional que premia a quienes elevaron el IRPF. La Airef advirtió en su informe de que las comunidades autónomas pueden ajustar sus cuentas tanto recortando gastos como aumentando ingresos y que la variable que mejor refleja ese esfuerzo no es por tanto la subida de impuestos sino el gasto computable. Pero su advertencia ha caído en saco roto.