Arcelor atribuye el retraso del plan verde a la falta de avance con el Gobierno y al coste energético
El director del programa de descarbonización lamenta que el proyecto asturiano aún no haya sido elegido, pero «se impone un orden»
Hay preocupación por el bloqueo del plan verde de Arcelor para Asturias. Se diga más o menos abiertamente, existe en el seno de la Administración, ... también en las empresas de la región y en los distintos escalafones de la compañía siderúrgica en la comunidad, desde la base hasta la dirección. Los retrasos que acumulaba el programa de descarbonización habían provocado ya dudas sobre su ejecución, pero esta semana se han acrecentado después de saber que los proyectos de Gante (Bélgica) y Dunkerque (Francia) ya cuentan con el visto bueno del comité de inversiones de la multinacional. Son dos iniciativas similares a la asturiana, de más de mil millones de euros cada una, y el gasto que suponen ya tiene luz verde. Hasta ahora se señalaba que el plan verde para Gijón partía con ventaja, porque se había presentado el primero y también había recibido antes el visto bueno de Bruselas para recibir ayudas de Estado. Sin embargo, ahora se ha visto adelantado.
En este contexto, ayer, el director del Programa de Descarbonización del Clúster Asturias de Arcelor, Eduardo Rodríguez, que no se suele prodigar en actos públicos, participó en una jornada sobre el cambio productivo en la comarca de Avilés organizada por CC OO. Y en ella, apuntó cuáles están siendo los obstáculos que están frenando el proyecto para Gijón y por qué Gante y Dunkerque se han puesto por delante. «En parte es una decisión técnica y, por otra parte, en otros países van más adelantados en los acuerdos con sus gobiernos. También arrastramos un déficit en costes de energía. Francia tiene unas tarifas especiales para las empresas que son mucho más competitivas», explicó.
La industria electrointensiva suele poner sobre la mesa el caso galo cada vez que aborda la brecha que existe entre el precio de la energía en España y en otros países del entorno. En Francia existe lo que se conoce como tarifa ARENH, un acceso regulado a la energía nuclear a un precio estable que apenas supera los 40 euros MWh, y que permite a las plantas del país vecino competir en mejores condiciones. Además, el Gobierno de Macron ha anunciado grandes subvenciones para el consumo de hidrógeno sostenible y defiende que este pueda producirse también mediante electricidad generada con reactores nucleares, lo que en un principio aceleraría los proyectos y abarataría las inversiones iniciales.
El grupo sigue negociando con el Ejecutivo, que de momento no ofrece condiciones como las de Francia o Bélgica
En España, por contra, ese abastecimiento requiere de la construcción de grandes plantas fotovoltaicas y de una red de hidroductos que puedan trasladar este vector energético desde los puntos de producción -en principio, Zamora, Salamanca y León- hasta la factoría gijonesa. Se trata de una infraestructura que exige para su construcción más de 7.000 millones de euros, más allá de las dudas técnicas que puede suscitar, y que necesita varios años para poder ser ejecutada, además de superar una burocracia compleja. Esos plazos no casan con los de las ayudas de 450 millones que tiene concedida la multinacional para desarrollar su planta de DRI en Gijón. De ahí que no haya avances entre el Gobierno central y Arcelor, cuyos contactos para intentar desatascar la iniciativa siguen adelante, pero sin una resolución favorable.
Rodríguez reconoció, de hecho, que al equipo asturiano que impulsa el proyecto de descarbonización en la región le hubiese gustado ser elegido, frente a los de Gante y Dunkerque, «pero sabemos que se impone un orden y que hay varios parámetros que afectan a la decisión».
La inquietud que está suscitando este retraso fue expresada también por el responsable de Estrategias Industriales de la Federación Estatal de Industria de CC OO, José Manuel Casado, que calificó de «preocupante» el bloqueo, avisó de que nos «podemos quedar atrás» y pidió a Arcelor que diga si va a aceptar los 450 millones de subvención y «cómo y cuándo lo va a hacer».
Por otro lado, en Gijón, la presidenta de Fade, María Calvo, insistió ayer en que más allá de que el proceso de descarbonización genere nuevas oportunidades, este debe ser compatible con el mantenimiento de la actividad que ya existe. «Esperemos que se dé una solución y los proyectos salgan adelante», señaló, tras ser preguntada por el atasco en el plan Arcelor.
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