La demora de Asturias en regular los parques de baterías amenaza los proyectos y 60 millones en subvenciones

Porque, tal y como trasladó el martes el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, a la plataforma Stop Baterías, las directrices que regularán estas instalaciones tienen un trámite dilatado, con una primera fase de información pública, aprobación inicial y nueva información pública, que puede llevar entre 18 y 24 meses y que, además, se iniciaría una vez que se saque adelante una modificación del decreto que contiene el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU). Todo ello supondría que no haya una regulación clara hasta dentro de un par de años, muy sobrepasado el plazo de los PERTE, y sin que se sepa hasta entonces a qué deben atenerse los promotores.

«Si además de que se está regulando basándose en bulos y desinformación se añade esta inseguridad jurídica... estamos construyendo una Asturias que huye de la inversión», denunció ayer el vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica, Javier Fernández-Font.

En la polémica por este tipo de instalaciones se mezclan movimientos políticos, protestas vecinales, intereses económicos y la necesidad también de contar con este tipo de infraestructuras de respaldo para garantizar el suministro a medida que las renovables sigan ganando peso en el mix y se cierren centrales más contaminantes, pero que pueden producir en cualquier momento, como las térmicas de carbón, los ciclos combinados o las nucleares.

El hecho de que muchos de los proyectos busquen instalar las baterías en suelo rural, que es más barato, ha despertado el rechazo de vecinos y organizaciones ecologistas que se han organizado para evitarlo. Además, también existe una diferencia importante de sensibilidades en el seno del Gobierno regional, en las dos consejerías que tienen competencia en esta materia: la de Ordenación del Territorio, controlada por IU-Convocatoria por Asturias, y la de Transición Ecológica, por el PSOE.

El problema, advierten desde el sector que promueve los parques de baterías, es que esta inseguridad jurídica y los retrasos afectan a todo tipo de proyectos, incluidos los más rigurosos y que estén, incluso, planteados en terrenos industriales.

A ello se suma otra dificultad añadida que es el problema que pueden tener los parques para contar con acceso a la red, ya que en la actualidad hay muchas más peticiones que capacidad en la infraestructura de suministro. Asturias es un territorio atractivo para este tipo de proyectos debido a la cantidad de puntos de conexión que tiene, pero la red eléctrica actual no es suficiente ante la previsión de que la demanda se dispare, relacionada con procesos de descarbonización, pero también el almacenamiento. «Puede ser un problema», reconoce Fernández-Font, en relación al desarrollo de los parques.

En la actualidad, hay 120 proyectos de baterías a la espera de que Ordenación del Territorio tenga listas las directrices que regirán este tipo de equipamientos y el posterior decreto. En realidad, la Consejería de Transición Ecológica llegó a recibir 170 solicitudes, pero unas 50 ya se han retirado. Entre las que se mantienen están las de los 15 proyectos de almacenamiento con subvenciones del PERTE, en cuya convocatoria Asturias concentró el mayor número de expedientes seleccionados y el mayor monto de ayudas.