El Gobierno «acotará» las actividades de la regasificadora planteadas por Competencia

La CNMC publicó la pasada semana la resolución por la que se establece el régimen económico para la regasificadora asturiana y este incluye cuatro usos. El principal estará fuera del acceso regulado y pasa por hacer de la instalación una plataforma logística de apoyo a otros países europeos, mientras que los otros tres sí entran dentro del acceso regulado: el suministro de gas natural licuado (GNL) en la zona mediante camiones cisterna; el servicio de 'Boil-off Gas' (BOG), que implica la conexión de la planta a la red para evacuar la evaporación continua del GNL que se genera y que requerirá de un proceso de regasificación; y el de almacenamiento. Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aclaran que ahora sus técnicos «acotarán» esas actividades, e incluso que «pueden autorizarlas o no».

Pero, más allá de que el Gobierno aún tiene que determinar los usos finales de la regasificadora, existe una nueva traba burocrática que puede alargar el proceso. El Real Decreto 335/2018 de 25 de mayo establece que el ministerio debe informar de nuevo a la CNMC. Esto implicaría que el expediente tendría que regresar a este organismo. Sin embargo, no está claro que vaya a ser así, ya que esa cuestión se debe a que cuando se aprobó ese real decreto, en 2018, la CNMC no tenía las competencias para fijar los peajes de luz y gas. Las recuperó en 2019 tras cuatro años en los que dependieron directamente del Gobierno. Esta situación incumplía la normativa de la Unión Europea y Bruselas llegó a amenazar con sanciones al Ejecutivo si no devolvía esa capacidad al regulador, retorno que llegó en enero de 2019 a través de otro real decreto.

Ese cambio normativo lleva ahora a los técnicos a dudar sobre si es necesario que la orden pase de nuevo a la CNMC o que no lo haga, dado que este organismo ya ha sido el encargado de elaborar la resolución que establece el régimen económico de la regasificadora.

Pese a estas complicaciones, fuentes del ministerio aseguran que serán «garantistas», pero que la orden «irá rápido, cuanto antes», dado que la puesta en marcha de la planta gijonesa es uno de los compromisos expresos del Gobierno en el Plan Más Seguridad Energética, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre del año pasado para hacer frente al alza de precios energéticos derivados de la guerra en Ucrania y contribuir a incrementar la garantía de suministro de gas en la Unión Europea. «A inicios de 2023 se pondrá en funcionamiento la regasificadora de Gijón como plataforma logística de apoyo a los estados miembros», señala el documento. La previsión pasaba por poner en marcha el primero de los tanques en enero y el segundo en abril.

En el ministerio destacan, no obstante, que el escenario actual es menos complejo que el que se pintaba el pasado mes de otoño, cuando se temía que hubiera países desabastecidos, pero recalcan también que el problema de las infraestructuras energéticas en Europa persiste y que la planta asturiana entrará en funcionamiento. Igualmente, tras la orden ministerial, faltarían aún el acta de puesta en servicio del área de industria y energía de la Delegación del Gobierno en el Principado y, en paralelo, la licencia municipal.