El Gobierno debe destinar la ayuda de 450 millones de Arcelor a otros proyectos para no perderlos

Así, según explica el experto en fondos europeos Fernando Méndez-Navia, director del Grupo Dex, los Next Generation tienen sus particularidades y, entre ellas, está que España tiene que ir cumpliendo una serie de hitos para que se vayan desbloqueando nuevas partidas, pero además, lo que indica su reglamento es que «en principio» finalizan el 31 de agosto de 2026. Para entonces deberían estar terminadas todas las inversiones financiadas. No obstante, ese «en principio» es importante, porque gobiernos como el español negocian con la Comisión Europea desde hace incluso dos años extender ese plazo, ya que el periodo es muy corto para abordar los proyectos más ambiciosos, sobre todo, cuando las convocatorias se han ido retrasando y la burocracia tampoco facilita la concesión de ayudas ni los permisos necesarios para ejecutar las obras.

La idea es dar tiempo a las empresas para que puedan abordar los proyectos, pero también a la Administración para que redirija los recursos de unas iniciativas a otras que puedan estar más maduras o tener más impacto. Los plazos están ahogando numerosos proyectos, tanto de la industria como de otros sectores. Méndez-Navia pone como ejemplo el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, «que va muy retrasado».

Sin embargo, con la normativa actual en la mano y si nada cambia, el Gobierno español debe redirigir los 450 millones de euros que tenía reservados para Arcelor a otra iniciativa de descarbonización, porque «si no se destina a un proyecto, España no recibiría los pagos correspondientes».

También confirma este extremo la eurodiputada popular asturiana Susana Solís. «No se pierden, pero tendrá que reasignarlos», apunta sobre esos 450 millones. «Si Arcelor renuncia al proyecto y a la ayuda podrán destinarlos o bien a otro proyecto de cualquier empresa o bien a completar futuras convocatorias, dentro siempre del PERTE de Descarbonización». El problema, recalca, es que «este nuevo proyecto, evidentemente, no tendría por qué ser de Asturias, sino de cualquier zona de España». Mientras, califica el caso de «rocambolesco», ya que «se ha perdido año y medio».

Los cambios de partidas dentro de los PERTE son habituales. Recientemente, la Comisión anunció que España se incorporará con fondos propios al esquema de subastas del Banco Europeo del Hidrógeno y esos fondos saldrán del programa H2 Valles, dotado con 1.200 millones de euros e integrado en el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA). En un principio, no estaba previsto que fuera así. Sin embargo, ahora el Gobierno derivará a esas subastas «el sobrante» del programa, entre 280 y 400 millones de euros.

«Se pueden cambiar hitos y objetivos», confirma Méndez-Navia, que recuerda también que ahora tiene que llegar el quinto desembolso de Bruselas, que depende del cumplimiento de muchos condicionantes que va a evaluar el Ejecutivo europeo. «Si no se cumple, la Comisión retendrá una parte».

Otra cuestión es si el Gobierno puede mantener 'sine die' el compromiso de esa ayuda de 450 millones de euros para Arcelor más allá de 2026 y, en principio, sí podrá hacerlo. «Es una ayuda notificada y autorizada», recuerda el director del Grupo Dex. Al tener el visto bueno de la Dirección General de Competencia podría financiarse no solo con los Next Generation, sino con fondos propios. Otra cuestión es que se tenga «disponibilidad de dinero, habrá que ver», puntualiza. Porque, además, ese compromiso es del Gobierno actual y tampoco obliga a nada.

De momento, los 450 millones, que era la mayor subvención de la historia de España, pueden adjudicarse a otras partidas y proyectos y, al no estar territorializados, en principio, Asturias los pierde, aunque los fondos se quedarían en España.

Por otro lado, el proyecto de Ley de Industria, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía, como es Arcelor, y promete medidas de apoyo que faciliten su descarbonización. Además, también contempla la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva y que puedan reconocerse nuevos PERTE más allá de la vigencia del Plan de Recuperación, lo que abriría la puerta a mantener ese apoyo a la multinacional de los Mittal. Sin embargo, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, en la que se integra, entre otras, la patronal siderúrgica, ya ha avisado de que el texto no concreta lo «esencial»: la disponibilidad de fondos para ese mecanismo, que cuantifica en 2.500 millones de euros anuales.

Además, la ayuda a Arcelor tampoco es de las líneas de los PERTE que se puedan transferir a Sepides. Una vez convertida en entidad pública empresarial, este organismo que preside el asturiano Francisco Blanco gestionará las nuevas convocatorias y la ejecución de los proyectos podría extenderse hasta 2028, pero esa subvención se mantiene bajo el paraguas del Ministerio de Industria, con el plazo máximo en 2026.