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En el tantas veces mentado proceso de descarbonización, no hay duda alguna de que es necesario contar con fuentes de energía limpias que permitan sustituir ... a las más contaminantes. Así las cosas, resulta imprescindible potenciar las renovables para que ese cambio de modelo productivo se lleve a cabo con éxito. Pero hay tecnologías que encuentran más obstáculos en el camino que otras. Dada la extensa superficie costera de España, la eólica marina cobra un especial protagonismo en esta transformación. Pero la dilatación de la convocatoria de la primera subasta para la instalación de parques pone en riesgo los proyectos que están sobre la mesa.
Así lo señala el sector, que esperaba mayores avances el pasado año y ve con preocupación esta dilatación de los tiempos por parte del Gobierno central. «El estado actual es que hay un marco regulatorio, pero aún no está claro cuándo se convocará la primera subasta, y luego deberán convocarse subastas posteriores, todo bajo un proceso ya regulado en el real decreto, por lo que, dados los tiempos necesarios para ejecutar todos los estudios y completar los procesos administrativos, el cumplir los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) es muy difícil», señala el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan de Dios López Leiva.
Se refiere a la normativa aprobada en septiembre de 2024 por el Consejo de Ministros, que dicta que cada procedimiento de concurrencia competitiva estará regulado por una orden ministerial, que incluirá elementos como el área de las Zonas de Alto Potencial (Zaper) de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) donde se van a ubicar las instalaciones y los nudos de conexión, el cupo de potencia, los parámetros retributivos o el plazo de concesión. Esta misma orden establecerá las bases del diálogo público entre los promotores y los actores afectados. Tras la celebración de este intercambio de posturas, otra orden ministerial convocará el concurso. Desde el momento en que se resuelva la primera subasta –el Gobierno aún no ha decidido qué zonas serán las primeras–, el Ministerio para la Transición Ecológica estima que serán necesarios entre 42 y 60 meses para que se instalen los primeros aerogeneradores, de acuerdo con el cronograma orientativo de la Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar. Así, el primer parque comercial podría instalarse en 2028 o 2029.
En la actualidad, hay alrededor de 50 solicitudes de determinación de alcance de proyectos de eólica marina en toda España, según la información que maneja el gabinete de Sara Aagesen. No obstante, hay proyectos que se solapan porque están previstos en el mismo emplazamiento, y otros que se localizan en ubicaciones que han quedado fuera de las Zaper y, por lo tanto, son inviables.
Explica López Leiva que ahora en España hay proyectos eólicos marinos con el Documento Inicial de Proyecto (DIP) presentados por más de 15.000 megavatios (MW) de potencia. El DIP es un primer documento que tiene por objetivo facilitar la información suficiente sobre las características generales del proyecto, así como los efectos previstos sobre el entorno, para que el órgano ambiental competente determine el alcance que deberá tener el estudio de impacto ambiental. Son una especie de declaraciones de intenciones de los promotores, aunque la mayoría de esos proyectos «nunca llegará a materializarse», puntualiza López Leiva. El Gobierno aprobó los POEM en febrero de 2023. Asturias cuenta con tres de las 18 zonas habilitadas para el posible desarrollo de esta energía renovable, dos frente a la costa occidental y otra ante Gijón.
Los planes han delimitado los espacios para esta fuente limpia según cuestiones como el recurso eólico, la no afección a la biodiversidad marina y otros usos de interés general (como la seguridad marítima y defensa nacional). Estos instrumentos de planificación se renovarán antes del 31 de diciembre de 2027. Una ventaja es que las tres áreas identificadas en la región tienen posibilidades de evacuación de energía. Además, en Asturias hay proyectos de varias empresas para instalar parques eólicos 'offshore'. Compañías como Ocean Winds o Naturgy y Enagás ya han mostrado interés. Así, la previsión del Principado cuando se aprobaron los POEM era alcanzar una potencia total de 700 MW en 2030.
Explica la Asociación Empresarial Eólica que, incluso si los proyectos planteados superan todos los trámites burocráticos, deberán participar en las subastas que el Gobierno prevé y cuyo valor máximo para el horizonte 2030 ha quedado fijado en 3.000 MW (esa será la cantidad de potencia subastada, porque ese es el objetivo eólico marino que ha establecido el Gobierno en el PNIEC). Entre los promotores que ya han presentado su Documento Inicial de Proyecto ante la Administración están: Abei Energy, Capital Energy, RWE, Ferrovial, Magtel, Acciona, ACS (Grupo Cobra), Saitec, Iberdrola, Naturgy, Sener/BlueFloat, EnerOcean, Equinor, OceanWinds y Esdras. «Canarias, Andalucía, Galicia y Cataluña concentran todos los proyectos», apunta López Leiva.
Muchas otras empresas no han presentado aún el DIP, señala el director técnico de la AEE, pero avanzan también en la carrera de esta fuente de energía renovable. Por otra parte, afirma que es importante que «el desarrollo de la eólica marina lleve una planificación sostenible a largo plazo, en la que confluyan tanto la promoción de los parques como las infraestructuras de evacuación y la capacidad industrial, de cara a maximizar el valor que estos proyectos aporten en España».
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) de España, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha resuelto que el parque eólico Serra de Liñares, proyecto de 50,4 MW cuyo desarrollo afecta tanto a Asturias como a Galicia, «se someta a la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental ordinario», tal como se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El proyecto afecta, en concreto, a los términos municipales de A Fonsagrada y Negueira de Muñiz, en la provincia de Lugo, y Grandas de Salime y Pesoz, en Asturias. En el caso del Principado, el impacto lo produce la infraestructura de evacuación.
Esta resolución se produce después de que, a pesar de que la propuesta de informe de determinación de afección ambiental no recogía «efectos adversos significativos en el medio ambiente», la Xunta de Galicia mostrase su disconformidad tras detectar «una serie de insuficiencias, principalmente en la identificación de impactos y en las medidas a implementar en el proyecto en relación con la protección de la avifauna y quirópteros». El Principado, sin embargo, sí se mostró conforme con la propuesta.
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