Asturias mantiene su competitividad fiscal en el furgón de cola del país

Según sus análisis, si se toma únicamente el IRPF, el Principado es la tercera región con la carga más alta sobre el PIB, del 4,75% frente a la media del 4,51%, tras Madrid y Cataluña. Y si se le añaden los tributos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, se mantiene en el grupo de cabeza, en concreto, en la cuarta posición, de nuevo tras Madrid y Cataluña y superada también por Baleares.

«De forma global, es la quinta que tiene una presión fiscal más alta», concluye Álvarez, al incluir también otros impuestos propios y los de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados. Pero esto se agrava si la comparación se realiza con la riqueza que genera la economía regional. «Si Asturias es la novena en PIB per cápita de toda España, esto implica que la presión fiscal es de las más elevadas», defendió, para recordar que «pagamos más impuestos que la media y que la mayoría de comunidades». Y apuntó que, de momento, las rentas se mantienen por las pensiones, pero que estas «tienen fecha de caducidad» y si se pierden residentes fiscales, se perderá actividad económica y la recaudación de otros impuestos, desde el IRPF al IVA. «Hace falta un replanteamiento a corto plazo, pero hay otro problema que es la sostenibilidad a medio plazo», insistió.

Pero, más allá de esta comparativa general, Asturias queda mal parada, sobre todo, en relación a las regiones vecinas, como Cantabria, Galicia y Castilla y León. «En general, la presión fiscal es más elevada», ahondó Santiago Álvarez, que pide «no compararse solo con Madrid», sino con territorios del entorno que pueden atraer también personal cualificado y empresas.

En este sentido, admitió que el Impuesto de Sociedades es el mismo, como justificó en su momento el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, al rechazar que haya una mayor carga para las compañías de la región, pero consideró ese argumento «simplista» porque «hay otra serie de impuestos que inciden. Por ejemplo, los autónomos no pagan Sociedades, tributan en Renta, y los empresarios, normalmente, también». En este contexto, advirtió de que «cuando la presión fiscal es elevada, el IRPF puede provocar un gran desincentivo a la localización».

Y eso, en su opinión, puede estar sucediendo en Asturias, porque con el Impuesto sobre la Renta «no solo tenemos de los tipos impositivos marginales más elevados, también de los mínimos más altos y, si en Asturias queremos atraer inversiones relevantes y trabajadores con altos salarios, estarán influidos por los tipos marginales».

Sobre la vía fiscal que defiende el Principado, con deducciones para las rentas más bajas y aquellos, por ejemplo, que vivan en el medio rural, explicó que estas no llegan a los trabajadores con mayores salarios y más cualificados, por lo que no tendrán un incentivo para trabajar aquí. «Si una empresa tiene varias sedes y pide a un trabajador venir a Asturias será un agravio porque acabará cobrando menos».

De hecho, Álvarez también hizo referencia al Índice autonómico de competitividad fiscal, elaborado anualmente por la Fundación para el Avance de la Libertad y Tax Foundation, y publicado recientemente. Este también señalaba en esa misma dirección, al situar al Principado como la antepenúltima comunidad, solo por delante de Cataluña. Este análisis concluía que no se habían realizado «reformas importantes», entre ellas, citaba la del Impuesto sobre la Renta y, en especial, la del de Sucesiones, «ya que los asturianos son, con diferencia, quienes más pagan por este impuesto»

A Santiago Álvarez le presentó el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, que pidió «una fiscalidad más inteligente que ideológica» y que apuntó la necesidad que tiene Asturias de ganar 50.000 ocupados, de los que el 25%, calculó, deberían salir del desempleo y el 75% de inactivos o la inmigración.