Hacienda niega ahora un compromiso para suprimir la rebaja por declaración conjunta

La ola de críticas desatada en los últimos días ante la intención del Gobierno de acabar con el incentivo fiscal de la tributación conjunta por el IRPF ha obligado al Ejecutivo a recular en su mensaje. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas la pasada semana incluye de forma explícita esta «paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta». Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura ahora que «no se trata de una reforma que haya sido incorporada en las 'fichas' de fiscalidad que plantean el Ministerio y el Gobierno».

Su explicación es que esta idea parte de una recomendación que en su momento lanzó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), «al estimar que este tipo de beneficio puede implicar una dificultad añadida para la incorporación de la mujer en el mercado laboral». Es decir, la propuesta sí se incluye dentro el Plan de Recuperación, pero en el apartado sobre impacto de género y medidas en materia de igualdad. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer Montero defendió que al no ir dentro de los planes para modernizar el sistema tributario español, la propuesta no implica «ningún tipo de compromiso con Bruselas» en materia fiscal. Pero cuidado, porque la ministra reconoce al mismo tiempo que la medida será estudiada por el comité de expertos que prepara la futura reforma, como cualquier otra recomendación de la AIReF, cuyas conclusiones se esperan para febrero de 2022.

La institución independiente calcula que la supresión total de esta ayuda implicaría un incremento en la recaudación de casi 2.400 millones de euros. «Lo único que se va a estudiar -con el asesoramiento de los técnicos- es la forma de evitar que la reducción fiscal acentúe la brecha de género existente en el mercado laboral, todo ello sin que esta posible reforma vaya a suponer un aumento de la carga fiscal de las familias», insisten desde el Ministerio de Hacienda.

Pese a las dudas generadas, el Gobierno defiende que «no es necesario aclarar nada a Bruselas, porque el componente de fiscalidad dentro del Plan de Recuperación es clarísimo, negro sobre blanco y en él no figura la supresión de este beneficio».

Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), dicha supresión afectaría a un total de 4,2 millones de personas (2,1 millones de familias) que actualmente se benefician de la 'ayuda'. Los cálculos que los expertos han realizado para este periódico apuntan, además, a que el 95% de los que se verían afectados por la medida cobran menos de 60.000 euros al año. Es decir, el impacto no se limitaría solo a las rentas más altas. Frente a la firme oposición social, la ministra de Hacienda achacó ayer la polémica a la agitación política que se ha vivido en los últimos días por la celebración de las elecciones en la Comunidad de Madrid. «En etapas preelectorales cualquier elemento sirve para hacer creer a los ciudadanos algo que el Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho ni ha planteado», aseguró Montero en su comparecencia ante los medios.

El Ejecutivo tiene ahora hasta 2022 para aclarar su postura sobre las nuevas figuras impositivas que marcarán la reforma y en las que se incluirían otras novedades, como la subida del impuesto al diésel. Los expertos advierten de que, al igual que ha ocurrido con la idea de elevar el impuesto de Sociedades con el espejo americano, el Gobierno podría apoyarse en que los incentivos por la declaración conjunta son prácticamente inexistentes en otros países de nuestro entorno para justificar su eliminación. Luxemburgo es de los pocos que mantienen la deducción, pero la declaración individual es obligatoria en otros países como Austria, Grecia, Bélgica, Italia o Reino Unido. En Francia, por ejemplo, los matrimonios tienen la obligación de tributar de forma conjunta, con progresividad en el impuesto sobre la renta final.