El gasto autonómico y local antes de las elecciones fulminan sus objetivos de déficit

Mejoras del viario en Bilbao. /R. C.
Mejoras del viario en Bilbao. / R. C.

La mejora de las cotizaciones e IRPF por la subida de salarios en el primer semestre permitirá acabar con un déficit del 2%, según la Autoridad Fiscal

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

La concatenación de citas electorales entre los meses de abril y mayo -primero, con las generales, después las autonómicas y municipales, además de las europeas- ha activado la máquina de gasto de todas las Administraciones Públicas, aunque sobre todo las territoriales donde se han destinado más recursos en los primeros meses del año. Esas políticas son las que ahora condicionan a los nuevos presidentes autonómicos y alcaldes, que verán cómo incumplirán sus objetivos de déficit para el final del ejercicio, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El grado de incumplimiento frente a las estimaciones de este organismo será altamente improbable en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, frente a las cuentas públicas del Estado y de la Seguridad Social, que gozarán de mayor margen de flexibilidad en esta segunda parte del año. De esta forma, España cerraría el año con un déficit del 2% sobre el PIB, frente al 2,5% de 2018. En concreto, la Autoridad Fiscal entiende que el descuadre de la Administración Central previsto del 1% es probable; el del 1,4% de la Seguridad Socail, factible. Pero no así el de las regiones (del -0,1%), que considera improbable, al igual que el hecho de que los ayuntamientos logren un superávit del 0,5% al final del año.

De hecho, fuentes de la AIReF consideran que la «mejora» en el comportamiento de las cuentas públicas del Estado y la Seguridad Social «compensan claramente el deterioro moderado en la previsión de las comunidades autónomas y ayuntamientos», donde han detectado «una dinámica de gasto más intenso» de la que inicialmente estimaban en ese organismo.

Ese repunte del gasto territorial se ha debido fundamentalmente al incremento de la remuneración de los funcionarios, acordadas en su momento con los sindicatos, así como a la mayor incorporación de empleados públicos a las administraciones. De hecho, en el caso específicos de los grandes ayuntamientos ha habido un alza en las inversiones realizadas durante estos meses. En cuanto a las comunidades autónomas, hay que tener en cuenta que, para el cálculo de los objetivos de déficit, este año ya no computan toda una serie de fondos procedentes de la Unión Europea. Serán las regiones que más cuantías percibían de Bruselas las que más vean descuadradas sus cuentas públicas en este ejercicio. Con estos mimbres, la AIReF considera que las comunidades más imcumplidoras serían Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura y Cantabria. Por su parte, en los ayuntamientos de Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Valencia y Tenerife existe un riesgo de incumplimiento de la regla de gasto para este año.

La situación por la que atraviesan las cuentas de la Administración Central y la Seguridad Social difiere de la de los entes territoriales. La AIReF estima que existe un alza en los ingresos que perciben estos organismos, sobre todo en cuanto al IRPF y las cotizaciones sociales. En concreto, considera que el alza de las cotizaciones se debe a «un mejor comportamiento de los salarios», aunque no lo achacan a la subida del salario mínimo hasta los 900 euros al mes desde enero.

Factura extraordinaria de 5.500 millones

Aunque la AIReF considera que el déficit público acabará en el 2%, también admite que ese descuadre podría ser menos, del 1,6% si no fuera por el efecto de toda una serie de acontecimientos que pesan como losas sobre las cuentas públicas. Entre otros, se encuentran los más de 2.300 millones de euros por las ayudas directas o indirectas a la banca durante los rescates; sentencias como la que modifica el Impuesto de Sociedades o la plusvalía municipal; o la devolución de la prestación por maternidad, con un coste de 741 millones. En total, suman casi 5.500 millones de euros que el Estado tiene que asumir con cargo a ese déficit.

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