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Hermógenes Fernández Villa, bastón en mano, dirigiéndose al fotógrafo de EL COMERCIO. DANIEL MORA Y VÍDEO TPA

El hermano de Villa amenaza a un fotógrafo

A su llegada a los juzgados para declarar en el 'caso Hulla', Hermógenes Fernández Villa dijo a los medios que si ellos cobraban por hacer la información él quería cobrar por hablar. Tras declarar, hizo ademán de agredir al fotógrafo de EL COMERCIO

EL COMERCIO

Gijón

Lunes, 23 de octubre 2017

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Llegó a los juzgados antes de la hora prevista pero se encontró con algunos periodistas a la puerta. Visiblemente molesto, Hermógenes Fernández Villa, que tenía que declarar esta mañana en el juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo por el 'caso Hulla', rechazó en primer lugar hacer declaraciones para luego plantear el cobrar por hablar. «¿Cobráis o no cobráis?», preguntó a los medios. «Por trabajar, claro», fue la respuesta de la prensa. Pero a Hermógenes Fernández no le sirvió y continuó. «Pues pagad. ¿Daisme dinero por decir algo?», repreguntó. Menos dialogante se mostró a la salida de los juzgados cuando, bastón en mano, se dirigió directo al fotógrafo de EL COMERCIO, con la aparente intención de agredirle.

La instrucción del 'caso Hulla' se retoma hoy con la declaración en sede judicial de más de una veintena de personas, entre ellas los dos hermanos que conserva el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa. La titular del Juzgado de Instrucción número 3, Begoña Fernández, ha citado a una amplia lista de personas en calidad de testigos y peritos, así como a Romica Daniela Timis, en su caso como investigada, cuyas declaraciones están previstas entre hoy y mañana en horario de mañana y tarde.

La magistrada atiende así el requerimiento de los fiscales de Anticorrupción Ignacio Stampa Fuente y Carmen María García Cerdá, quienes habían solicitado al juzgado estas pruebas periciales para tratar de aportar luz al presunto caso de corrupción vinculado a la subvención y construcción de la residencia de Felechosa por parte del Montepío de la Minería, con cargo a fondos mineros. El ministerio público también reclamó una batería de documentación y una serie de medidas cautelares, todas ellas asumidas también por el Juzgado de Instrucción.

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