La justicia europea avala la conversión de interinos en fijos, con más de 10.000 asturianos afectados

Así, el TJUE considera que la conversión a fijos «puede constituir una medida adecuada para sancionar de manera efectiva la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada».

Esta última sentencia –dentro de un reguero de fallos que se vienen sucediendo desde hace meses tanto en Estrasburgo como en España– es la respuesta a la petición de tres trabajadoras interinas de la Generalitat de Cataluña, cuya plaza quedó ocupada por un funcionario de carrera, y que alegaban que su trabajo no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes, algo que consideran abusivo por parte de la Administración, y solicitan que su contrato temporal de larga duración se transforme en fijo.

En su fallo, el TJUE les da la razón y señala que la conversión de los contratos temporales en indefinidos puede constituir una medida adecuada de prevención y reparación de abuso de la interinidad. Aunque incluye un matiz importante para su aplicación práctica: corresponde a los juzgados españoles garantizar que esa conversión no implica una interpretación contraria a la ley. Es decir, tendrán que volver atrás a la jurisprudencia del Supremo «si esta se basa en una interpretación de las disposiciones de la Constitución incompatible con los objetivos del Acuerdo Marco y de la Directiva europea».

El criterio europeo sobre el 'status' de los interinos vuelve a chocar con el establecido recientemente por el Tribunal Supremo. Hace apenas tres semanas, el Alto Tribunal rechazaba en un fallo la posibilidad de que los trabajadores temporales de larga duración de la Administración tuvieran plaza fija de forma automática, sin pasar por ninguna prueba. Con este fallo, la Justicia europea insiste en la posición que ya fijó el pasado mes de febrero, en la que instaba a esta conversión sin tener que pasar por exámenes adicionales. Aunque este punto está todavía por discernir debido a las discrepancias de criterio entre el Supremo y el propio TJUE.

Esa sentencia supuso un jarro de agua fría para los miles de interinos que llevan años encadenando contratos y esperaban convertirse en funcionarios automáticamente. La Sala de lo Social consideró que esa conversión era «incompatible con el sistema español». Ante la inquietud generada, el propio Supremo se dirigió al TJUE para que «aclare» cuál debe ser el régimen por el que los temporales de la Administración pasen a ser funcionarios y así evitar la «discriminación» que sufren tras años de precariedad.

La posición de la justicia europea ha sido acogida por los afectados asturianos con satisfacción, pero también con «escepticismo», como reconocía ayer Antonio Navarro, que lidera el sindicato de temporales de la Administración Sintta y que recuerda que con este fallo ya van 19 «en los que se nos dan la razón». De ahí que ya prevea que el Gobierno español vaya a plantear una nueva pregunta prejudicial, «una patada hacia adelante, para ganar más tiempo y continuar con los abusos», a pesar de «la demoledora sentencia».

Solo en Educación, considera que los trabajadores asturianos afectados son alrededor de 3.500, de ahí que en el conjunto sitúe la cifra por encima de los 7.000, como «cálculo mínimo».

Sin embargo, desde CSIF elevan ampliamente el número y lo sitúan muy por encima de 10.000. «Antes de los procesos de estabilización en Asturias la media que dijo el Principado era un 30%, pero es un dato falso y llegaría a ser el 40%», recordó ayer su presidente, Sergio Fernández-Peña. En la actualidad, cree que rondará el 20%, aunque no de forma homogénea, ya que en ayuntamientos o universidades, por ejemplo, se sitúa o no llega al 8%, mientras es muy superior en sanidad y educación.

Para Navarro, además, esta sentencia debería tener consecuencias casi inmediatas. «El TJUE nos está diciendo que los procesos de estabilización convocados al amparo de la Ley 20/2021 son ilegales, en tanto en cuanto no se acogen a la aplicación de la directiva y, en segundo lugar, deberían arbitrarse las medidas políticas, preferentemente antes que jurídicas, para transformar en fijos o funcionarios de carrera a los empleados públicos que han sido víctimas del abuso, dependiendo de si han aprobado o no un proceso selectivo». Y también hace un llamamiento a los afectados para que salgan a la calle y se movilicen «para que de una vez por toda se admita el error y dejen de prevaricar».