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Asturias pide que los fondos verdes primen a los países con más desempleo

Las ideas que enviarán a la UE conjuntamente a Castilla y León y Aragón también incluyen que la cofinanciación nunca sea inferior al 80%

EDUARDO PANEQUE

gijón.

Viernes, 21 de febrero 2020, 02:23

Se suele decir que la unión hace la fuerza y en la batalla para enmendar la propuesta de la Comisión Europea sobre el reparto de los fondos verdes -de los 7.500 millones de euros con los que están dotados solo se han destinado a España 307- el Principado ha buscado la alianza de Castilla y León y Aragón. Tras el encuentro informal que mantuvieron hace una semana durante la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, han unificado las propuestas que ya están en manos de la institución comunitaria.

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Según ha podido conocer EL COMERCIO, la postura consensuada gira en torno a dos pilares: la modificación de los criterios de asignación de las ayudas y la implementación de los denominados Fondos de Transición Justa. Actualmente, la propuesta de la Comisión pondera fundamentalmente las emisiones de CO2 y el número de empleos activos en actividades energéticas. Asturias y las otras dos comunidades pelearán para que se tenga en cuenta la tasa de desempleo de España, la segunda más elevada de la UE, y, sobre todo, el paro juvenil.

Por ponerle números: los últimos datos conocidos establecen una media de desempleo del 7,4% para la zona euro, mientras que en España prácticamente se duplica la cifra. Entre los jóvenes, nuestro país tiene un 30% de parados frente al 5,8% de Alemania y el 9,2% de Polonia, las dos principales naciones beneficiadas con el reparto actual de los fondos verdes.

Pero este no es el único criterio que Asturias, Castilla y León y Aragón quieren que se modifique. También reclaman que el coeficiente corrector según el PIB nacional que se emplea a la hora de establecer el reparto de los fondos se eleve hasta el 200%, frente al 150% actual. Dicho de otra forma, de llevarse a cabo, bajaría la asignación final germana, mientras que subiría, entre otras, la española.

Por último, la regulación actual para recibir una ayuda está fijada en seis euros per cápita. Una cantidad que conlleva que los veintisiete reciban dinero, sean regiones en transición o no. En resumen, lo que persiguen Asturias, Castilla y León y Aragón es que en el reparto de fondos verdes se excluyan a aquellos países donde no ha habido actividad minera ni se encuentre en un proceso de transición derivado de la descarbonización. Desde el Gobierno del Principado aseguran que «ese mínimo desequilibra mucho el montante final dado que desvía fondos innecesariamente, desvirtuando la propuesta en una especie de café para todos».

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Criterio de reparto

Si polémica ha sido la forma de repartir el dinero de los fondos verdes, no lo ha sido menos la forma de hacerlos llegar a las naciones. El Principado también ha ahondado en esta línea aportando dos ideas fundamentales: el ratio de financiación y la flexibilidad. Respecto a la primera, se pide que se mantenga el marco general que ya se emplea con los Feder, es decir, la UE aportaría un mínimo del 80% del dinero mientras que el Estado se haría cargo el 20%d restante. El otro aspecto que suele traer de cabeza con otras ayudas comunitarias es la forma de que éstas lleguen a su destinatario final. En lo referente a los nuevos fondos de transición justa, los tres entes autonómicos quieren que estos no computen en las reglas macroeconomicas y de techo de gasto. Es decir, que no se tenga que adelantar el dinero, incluyéndolo en el presupuesto, y esperar a la ayuda para reinvertirlo. «Los indicadores que ha utilizado en la Comisión no son los correctos porque no tienen en cuenta todas las consecuencias de la transición ni compensan correctamente a los territorios», subraya Javier Vila, director de Asuntos Europeos del Ejecutivo regional.

La postura común será defendida en varias vías: mediante enmiendas al dictamen que prepara el Comité de las Regiones -que será debatido en la plenaria del 23 de marzo-, los europarlamentarios, y a través del Gobierno español de cara al Consejo de la Unión Europea.

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