Los contratos eléctricos de la gran industria, «lejos» de ser competitivos, amenazan la descarbonización

¿Cómo invertir decenas de millones de euros o incluso cientos sin una garantía de viabilidad? En esa disyuntiva se encuentran prácticamente todas las grandes industrias que se plantean prescindir de combustibles como el carbón o el gas y electrificar sus procesos o pasarse al hidrógeno. De hecho, es el principal problema que pone sobre la mesa Arcelor para aceptar la subvención de 450 millones de euros que ya tiene aprobada por la Unión Europea y el Gobierno. Hay otros, como garantizar los suministros, pero los costes de operación de sus futuras instalaciones en Asturias aparecen en primer lugar.

La presidenta de DuPont en España y Portugal, Ángela Santianes, advertía este mismo mes de que su compañía pretendía ayudar a instalar en España una capacidad eólica y solar similar al consumo del grupo en toda Europa, como ya ha hecho en EE UU, sin embargo, los precios que les ofrecen son imposibles de asumir. «Se ha avanzado y ya no son los del año pasado, porque van alineados con las expectativas del mercado, pero todavía están lejos de ser competitivos», recalca González.

Los productos que se negocian a cinco años, con inicio en 2024, pueden rondar los 71 euros MW/h, mientras que si son a diez años bajan a 56 euros MW/h. Siguen muy lejos de los 42 euros MW/h que pagan por buena parte de su consumo sus competidores franceses, gracias a la conocida como tarifa ARENH, ligada a las nucleares. A ella se suman otras medidas habilitadas para proteger su actividad y evitar deslocalizaciones. «Se produce un fuerte desequilibrio de la competitividad que perjudica seriamente a nuestras industrias», denuncia el presidente de Aege, José Antonio Jainaga.

La esperanza del sector en España es que los precios de los PPA sigan cayendo, porque se espera una entrada masiva de renovables en el sistema que permita que el coste de generación se desplome, pero hay que llegar y las convocatorias de los PERTE están a la vuelta de la esquina. Arcelor, por ejemplo, tiene hasta principios de julio para decidir si solicita formalmente la ayuda. «Para dar el salto y sustituir, por ejemplo, gas por electricidad, es necesario que se garantice que cuando se produzca el cambio se pueda ser competitivo», explica González, algo que aún no sucede.

El Gobierno fía la rebaja de las facturas industriales a los PPA, que ligan el desarrollo de nuevos proyectos de renovables a electrointensivas. Sin embargo, los precios los ponen los promotores «y si venden en el mercado a un precio, al consumidor industrial le van a pedir lo mismo», argumenta González. Además, aunque se ha contenido, dista mucho de situarse en niveles normales y se prevé que en los próximos meses vuelva a dispararse por el incremento del consumo del verano.

A ello se suma otro problema. Los PPA son una solución «parcial» que solo ofrece electricidad cuando hay suficiente sol o viento, mientras que la gran industria suele trabajar a tres turnos, con un consumo relativamente constante, al que todavía no dan respuesta estos contratos bilaterales. De hecho, por el momento, solo ha trascendido uno avalado por el Cesce, el de Sonnedix y Sidenor. Se espera que lleguen más, a medida que bajen los precios y empiece a casarse oferta y demanda, pero se están haciendo esperar más de lo previsto, mientras se corre el riesgo de que la descarbonización descarrile.