Ribera prevé una implantación «ordenada» de renovables tras las quejas territoriales

Buena parte del resquemor por la implantación de instalaciones eólicas o fotovoltaicas procede precisamente de Cataluña, País Vasco o Galicia, algunas de las comunidades autónomas en las que varios grupos parlamentarios socios del Gobierno se encuentran electoralmente asentados. De ellos depende, de hecho, la mayoría de la legislatura. En este contexto, la idea de Ribera pasa por impulsar los objetivos de generación renovable hasta un 81% para 2030, acorde con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya actualización confía en tener aprobada en los «próximos meses». Pero a partir de ahora esta implantación será mucho más monitorizada, algo que puede suponer un retraso en las licitaciones y permisos para avanzar en la descarbonización, según apuntan fuentes del sector energético a este diario.

La vicepresidenta insistió, durante su primera comparecencia de la legislatura en la Cámara Baja, en que la transición ecológica requiere de una visión «ordenada y justa», de modo que se vele por que en el territorio las cosas «se hagan bien» y estas renovables aseguren una «adecuada redistribución de los beneficios». En sus próximos encuentros con la industria y el sector de las energías limpias, se analizarán las «prácticas y cautelas» para conciliar los distintos objetivos en un despliegue «ordenado» de energías renovables. Así, se combinaría la zonificación y acceso a beneficios por parte de los territorios con mejoras y capacidad de gestión de la integración renovable.

Otro de los retos que afrontará Transición Ecológica en esta legislatura será la activación de la energía eólica marina, una tecnología que cuenta con una ordenación del espacio marítimo que identifica cuáles son las zonas que puedan resultar más adecuadas. «Falta ahora culminar la regulación garantista y activar las palancas necesarias para desarrollar esta tecnología», señaló Ribera ante diputados de comunidades con costa en el Cantábrico, el Mediterráneo o Canarias, precisamente donde estos molinos pueden instalarse a varios kilómetros de las playas. Tres de estas zonas se sitúan en el litoral asturiano.

También aclaró Ribera lo que se conoce hasta ahora del nuevo gravamen extraordinario a las energéticas, que será un impuesto minimizado para el sector siempre que aceleren sus inversiones verdes. «Se trata de garantizar que lo que hasta ahora era una referencia fiscal se convierta en un incentivo en la inversión», apuntó.

La vicepresidenta recordó que el Gobierno también pretende recuperar la Comisión Nacional de Energía (CNE) como herramienta «fundamental» para reforzar la transición energética y acompañar a los consumidores que más lo necesitan en sus hogares o en su movilidad. Supondrá el fin de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo creado hace una década, que integra las funciones energéticas.