El papel «poco relevante» de la prevención se mantiene como la clave de la siniestralidad laboral

«Las empresas tienen una visión más en el corto plazo, lo más importante para ellas es la productividad y la rentabilidad, lo hemos comprobado, y a los trabajadores tampoco es un tema que les guste», admite, porque resulta complicado hablar de salud, de accidentes, de muerte. «Es un tema incómodo que, en muchos casos, se prefiere evitar» y aún resulta más difícil incorporar a la rutina todos los mecanismos de prevención. «Los accidentes son mucho más evitables de lo que se sospecha en general», defiende, el problema es que «concienciar es una labor que requiere especialización», que implica un gran esfuerzo y, sin embargo, «la actividad prevencionista tiene aún un papel poco relevante». Como ejemplo, los servicios de prevención ajenos, que son los que se encargan en la mayoría de los casos, «están en una situación precaria». Su labor es exigente, cuentan con demasiadas empresas a su cargo y una capacidad reducida. «Su eficacia se resiente».

Además, hay que dar más valor a los aspectos psicosociales, que van mucho más allá del estrés o del síndrome del trabajador quemado. «También es seguir los procedimientos seguros, ponerse los EPI... Se trabaja poco sobre los comportamientos seguros y hay que integrarlos en el día a día. Hay muchos acontecimientos lesivos que no se tienen en cuenta y que quizás se manifiesten en el largo plazo», apunta García Izquierdo. Sin embargo, «la prevención es una suma, no pierde nadie, es un win-win» y, aunque haya una especie de visión relacionada con los castigos y las multas, «concienciar no consiste en eso, sino en el respeto a uno mismo. Hacer las cosas de manera segura y saludable es lo que da prestigio a una profesión», insiste. Más allá de eso, recalca: «cualquier organización pública o privada es responsable de la salud de sus trabajadores. La empresa tiene que poner los medios y los trabajadores tienen que colaborar».

El Gobierno central reconoce que «un alto porcentaje de los accidentes se producen por causas que pueden evitarse» y es necesario incidir en la investigación y el conocimiento de las causas que los originan, intensificar las actuaciones de concienciación, así como asesorar y apoyar a las empresas para un efectivo cumplimiento de la normativa. La primera medida que ha tomado la Administración central para intentar frenar el aumento de la siniestralidad mortal en la región es aumentar la plantilla de la Inspección de Trabajo en Asturias con tres nuevos inspectores, que llevarán la cifra total a 22, y un subinspector, con lo que habrá 9. «Nunca se han convocado tantas plazas», recalca la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, sobre este refuerzo. Aunque la clave, señala, es que este organismo va a «acomodar su propia organización del trabajo» al plan de choque que está elaborando de forma urgente el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, de modo que las líneas de actuación puedan ser aún más eficientes. «Estamos detectando que hay problemas en la organización del trabajo, problemas serios en la prevención de riesgos», subraya Lastra tras la sucesión de accidentes mortales que ha sufrido Asturias, aunque también valora la «cogobernanza» que se da en la región y que involucra a administraciones y agentes sociales.

El Gobierno regional ha anunciado «un plan de choque» contra la siniestralidad laboral del que ya ha avanzado algunas líneas. Es «la respuesta contundente» que se comprometió a dar ante la escalada de víctimas mortales en accidentes de trabajo. «Tenemos que conseguir que los trabajadores puedan desempeñar su actividad con total seguridad», insiste en consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez. Entre las medidas que ya se conocen está la incorporación de más personal al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales –se cubrirán cuatro vacantes y se crearán siete nuevas plazas–. Este órgano tiene medio centenar de empleados y con la nueva dotación contará con 29 efectivos para actuaciones de prevención. Además, se pondrá en marcha una campaña conjunta de vigilancia y control de la integración de los sistemas de prevención en las empresas asturianas que incluirá el análisis de los accidentes leves y contemplará visitas a las empresas de alta siniestralidad y aquellas que han sufrido casos graves.

Asimismo, está prevista la revisión de la acreditación y calidad de los servicios de prevención ajenos, que son los encargados de esta materia en la mayoría de las empresas de la región, al ser de tamaño pequeño, y se realizará un análisis estadístico «profundo» para ver qué condiciones rodean a un accidente laboral.

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) plantea la necesidad de seguir trabajando en la consolidación de la cultura de prevención de riesgos laborales, «sensibilizando, informando y concienciando a empresas, trabajadores y sociedad en su conjunto sobre la necesidad de desarrollar de forma segura el trabajo». Además, reclama que haya formación desde edades tempranas en esta materia. «Es el pilar básico», apunta la patronal, para lo que pide incluir la prevención de riesgos laborales en la educación, de forma que se prepare a los futuros empresarios y profesionales para habituarse y valorar la seguridad.

Además, aunque reconoce que el responsable legal de la prevención es el empresario, Fade recalca que «hay una responsabilidad moral colectiva, de todas las personas que forman parte de la empresa». «Es la única forma de integrar realmente la prevención en la empresa y que esta resulte efectiva», insiste.

Por otro lado, llama a realizar investigaciones exhaustivas de todos los accidentes, analizarlos a fondo para identificar las variables que los han causado y poner en marcha medidas que eviten su repetición. Asimismo, insiste en que hay que seguir mejorando los procedimientos, que estos sean conocidos e interiorizados y enfatizar así la importancia de trabajar de manera segura. «Esto es una tarea de todos», defiende su presidenta, María Calvo.

CC OO de Asturias ha puesto sobre la mesa seis medidas para acabar con la siniestralidad laboral. Su secretario general, José Manuel Zapico, reclama, como primer punto, aumentar la plantilla de la Inspección de Trabajo. La Administración central ha dado los primeros pasos, ya que se incorporarán cuatro efectivos en Asturias. En el mismo sentido, asegura que el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales «reconoció que los accidentes de trabajo demuestran el fracaso del sistema», y por ello pide que se cubran las vacantes existentes. Desde el Principado se ha anunciado la incorporación de 11 profesionales. Asimismo, defiende la necesidad de que haya más personal en los tajos para intervenir.

Además, Zapico defiende la creación de juzgados especializados en siniestralidad laboral, pide más recursos para la Fiscalía y que el Principado se persone como acusación particular en los accidentes graves y mortales.

«Esto va de cumplir la legalidad», recalca. «Fade debe pasar de los lamentos a los hechos, debe poner en marcha un plan de choque para reforzar la prevención y el control en las empresas», insiste, y exige que las compañías refuercen sus planes de seguridad, aumenten la inversión en prevención y refuercen los controles internos. Por otro lado, CC OO reclama ayudas y convocatorias de becas de estudio para los huérfanos de la siniestralidad laboral.

Para el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, la clave es que empresas y empresarios «asuman su responsabilidad». «No puede dar la sensación de que los trabajadores o la administración son los culpables, tiene que quedar claro que la responsabilidad de garantizar la prevención es suya y si un trabajador se niega, por ejemplo, a usar una línea de vida, que lo sancionen».

Otro punto en que destaca de los siniestros de las últimas semanas es que eran «evitables». «Accidentes del siglo pasado. Ninguno está relacionado con nuevas formas de trabajo, lo que falla no es la ley, sino que no se cumple». De ahí que vea positivo el incremento de personal en tareas de vigilancia y reclame un aumento en las sanciones.

El tercer aspecto tiene que ver con «el uso y abuso» de los servicios de prevención ajenos –la normativa solo obliga a empresas con centenares de empleados a contar con servicios propios–. En una Asturias de micropymes esto implica que casi siempre se tira de esos servicios ajenos, «que realizan procedimientos estáticos», pero no están presentes ni atienden al trabajo real. Además, la ratio de empleados por cada técnico es enorme. A mayores, Lanero cree que los cuerpos de seguridad del Estado deberían poder tener una intervención «inmediata» si ven un incumplimiento de normas básicas y que se tienen que articular ayudas para las familias de las víctimas.