La patronal rechaza el plan de ahorro de energía: «Es inflexible y no tienen en cuenta las peculiaridades»
La presidenta de Fade, María Calvo, carga contra el plan de ahorro energético que «perjudica a la hostelería y al comercio más que en ningún otro país europeo»
Malestar, incertidumbre y mucha confusión. El plan de ahorro energético aprobado el lunes por el Gobierno ha puesto en pie de guerra al tejido empresarial. No por el fondo de las medidas, que también, sino, sobre todo, por la forma. Porque si bien están de acuerdo con la necesidad de adoptar determinadas decisiones para lograr el ahorro de energía, critican que las medidas anunciadas -entre las que destaca el límite de las temperaturas, el apagón de los escaparates a partir de las diez de la noche, o el cierre de puertas para evitar el derroche energético- se hayan tomando sin consultar, sin consenso y sin tener en cuenta la diversidad geográfica y climática de España.
La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, se expresó ayer de manera contundente contra el plan. En su opinión, «las medidas anunciadas son muy inflexibles y no tienen en cuenta las peculiaridades de cada empresa y territorio». El análisis del perjuicio es más global ya que, la líder de la patronal regional considera que no solo afecta a los consumidores, sino también a los propios trabajadores «que en todo caso deben ver garantizadas sus condiciones laborales».
PRINCIPALES MEDIDAS DEL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO
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Temperaturas acotadas Limitación de las temperaturas de los edificios públicos. Se insta a un límite de 27 grados en el caso del aire acondicionado en verano y a los 19 grados para la calefacción en invierno, al menos hasta noviembre de 2023. Los cálculos apuntan a que cada grado que se acota se ahorra un 7% del consumo eléctrico.
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Instalaciones afectadas Las limitaciones afectarán no solo a edificios públicos, sino también a espacios culturales, hoteles, cines, estaciones de trenes y autobuses, aeropuertos y grandes superficies, pero no así a las empresas en general (oficinas). Para comprobar que la medida se cumple se instalarán termómetros.
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Puertas cerradas Los locales tendrán que tener las puertas cerradas siempre que estén en funcionamiento el aire acondicionado y la calefacción, otra medida que imita lo que ya rige en Francia. En este caso se da dos meses de plazo para su aplicación y se exigirá que todos los edificios cuenten con un sistema de cerrado automático de puertas antes del próximo 30 de septiembre.
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Más teletrabajo El Real Decreto fomenta el teletrabajo a semejanza de lo que ya se aplica en la Administración General del Estado, que cuenta con un catálogo de puestos en los que es posible trabajar en remoto y otros en los que se requiere de presencialidad. El Gobierno instó a que las empresas animen a sus trabajadores a teletrabajar y permitan concentrar horarios para así ahorrar desplazamientos y a su vez ahorrar el consumo en edificios públicos.
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Apagón desde las 22 horas Los comercios, a semejanza de lo que sucede ya en Francia y Alemania, deberán apagar las luces de sus escaparates a partir de las diez de la noche. La medida también será de aplicación para los edificios públicos que no estén en uso, la iluminación decorativa de sus fachadas y los monumentos. La medida será de obligado cumplimiento desde el martes 9 de agosto y hasta el 1 de noviembre de 2023.
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Revisión de calderas y edificios Para evitar que se consuma más de lo que corresponda, los inmuebles que hayan pasado la inspección de eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021 deberán someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años. De la misma manera, se establece la revisión de calderas térmicas, siempre que la última fuera anterior a enero de 2021.
Si bien Calvo no pone en duda que «todos debemos hacer un esfuerzo», pone el punto de mira en dos de los sectores que puede resultar más perjudicados con la aplicación práctica de unas medidas que entrarán en vigor la próxima semana: el comercio y la hostelería. Esfuerzo sí, aseguró, «ya estamos haciéndolo, pero sin perjudicar tanto al comercio y a la hostelería, más que en ningún otro país europeo».
«Cumpliremos la ley, pero al sector turístico tenía que habérsele tratado de otra manera», afirma el presidente de Otea
En ambos sectores el malestar también es evidente. Porque los dos coinciden en que han demostrado su solidaridad con la sociedad en momentos claves, como durante la pandemia, pero tienen claro esos esfuerzos han de traducirse en políticas de acompañamiento para hacerles frente. Y si el martes era la gerente de la Unión de Comerciantes del Principado, Carmen Moreno, la que advertía de la necesidad de «mantener un debate serio», sobre todo de cara a las fechas navideñas, ayer era el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, el que ofrecía su visión crítica con las medidas. Y lo hacía también en su doble vertiente de responsable regional y vicepresidente de la patronal nacional. «Parece inconcebible que algo que va a afectar tanto al turismo no se haya debatido con nosotros. Se adoptan normas sin hablar con la parte afectada, pero esto parece que se está convirtiendo en una política normal», afirmó. Eso sí, añadió, «nosotros acataremos lo que marque la ley».
Pero, dicho esto, y tras describirse como «respetuosos» con el Gobierno, Álvarez Almeida recordó el llamamiento hecho al sector turístico durante la pandemia «porque había que salvar vidas. Se nos cerró, se nos impusieron restricciones, cuando el resto de sectores podían funcionar». Ahora vuelve a suceder lo mismo, añadió, al tiempo que ironiza: «ahora hay que salvar el planeta y parece que volvemos a ser nosotros los únicos que nos tenemos que poner a ello». Y en plena campaña turística, con lo que ello conlleva.
El presidente de la patronal turística asturiana tampoco acepta «que nos den lecciones de ahorro energético», al recordar que sus establecimientos ya llevan mucho tiempo adoptando medidas tendentes a reducir ese consumo de energía y cumplir con las normas ambientales. No cree que, en este sentido, «los gobiernos puedan decir lo mismo, que tienen sus instalaciones manga por hombro».
«Cumpliremos la ley, pero al sector turístico tenía que habérsele tratado de otra manera», concluyó. Aunque lanzó una última reflexión: «¿Qué va a pasar en octubre y noviembre, cuando es más difícil que la restauración venda? Si a las diez de la noche dejamos a las ciudades muertas de vida estaremos haciendo flaco favor al sector».
«Medidas precipitadas»
La crítica, a nivel nacional, también mira hacia el mayor gasto y trabas que estas medidas supondrán para un colectivo, el de los autónomos, que no levanta cabeza desde que hace más de dos años estalló la pandemia. Si durante año y medio largo tuvieron que soportar restricciones debido a la crisis sanitaria, ahora llegan otras distintas procedentes de la guerra de Ucrania. Y algunas de ellas, opuestas. ¿Se debe ventilar las oficinas, locales y despachos como manda la normativa covid o hay que tener la puerta cerrada para que no se escape el calor o el frío de los establecimientos?
Este es uno de los muchos reproches que hace al Gobierno Lorenzo Amor, presidente de ATA, la principal asociación que representa a los autónomos. «¿Qué norma va a prevalecer? ¿Quién va a controlar que esto se cumpla? ¿La policía? ¿La inspección de trabajo?», denuncia el también vicepresidente de la CEOE, quien considera que estas medidas son «precipitadas».
«Veo un plan desde luego muy a la desesperada y estamos en un momento en el que hay que tomar medidas serias con políticas serias», señala. En su opinión, es «muy difícil» que los negocios se adapten a las exigencias en apenas una semana y más estando en pleno mes de agosto. Advierte que esto impactará «indudablemente» en el colectivo, que tendrá que asumir más gastos, más trabas y más trámites burocráticos. Frente a ello, el Gobierno arguye que con su paquete de medidas también se ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas de 100 millones de euros para el sector servicios. Pero para los empresarios es insuficiente.
