Subir el IRPF y los impuestos al consumo, las recetas asturianas para una reforma fiscal

Hay una coincidencia generalizada en que España necesita una reforma fiscal profunda para adaptarla a las nuevas circunstancias, marcadas por la pandemia y una deuda disparada, sin embargo, los expertos consultados por este periódico discrepan en que el foco haya que ponerlo precisamente en los impuestos a los que aludió Montero. Aunque con distintos puntos de vista, los economistas asturianos aluden a los tributos que tienen mayor capacidad, como es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; los impuestos al consumo, con el IVA en cabeza, pero también algunos considerados especiales, u otros con capacidad de crecimiento, como los relacionados con la fiscalidad verde.

No obstante, sí coinciden con el Gobierno en que debe haber un cambio en Sociedades para poder gravar el servicio de multinacionales, sobre todo digitales y tecnológicas, que tributan fuera de España y practican la elusión fiscal, aunque también advierten de que el Ejecutivo central no tendrá la llave para ello, ya que se necesita de un consenso internacional.

Dentro del grupo de expertos designado por el Ejecutivo se encuentra el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio, que prefiere no profundizar en propuestas concretas para compartirlas antes con el resto de expertos y «no ser desleal», pero sí traslada que «no se puede hacer frente a las muchas necesidades que tenemos y pagar menos». De ahí que apueste por buscar un reparto más equitativo, que ajuste el sistema español a la realidad económica del siglo XXI y a la situación actual con la pandemia. Su receta es «revisar todo el sistema fiscal», puesto que «las cosas no pueden seguir como estaban, con una acumulación de deuda insoportable». Por su parte, el gijonés Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), considera que en esa futura reforma fiscal será fundamental «ampliar las bases para intentar mantener los tipos más bajos posibles». Y esto pasa por «eliminar 'agujeros'» en esas bases. Entre sus propuestas: acabar con el sistema de módulos, reducir muy considerablemente los productos o servicios que pueden tener tipos reducidos de IVA, revisar bien los beneficios fiscales y deducciones en Sociedades «para dejar solo lo que sea verdaderamente importante» y tratar de simplificar todos los impuestos en general.

Su clave, insiste, sería apostar por «bases amplias y los tipos más reducidos posibles», aunque reconociendo que probablemente será necesario aumentar la recaudación, por lo que cree que «podría ser necesario un impuesto extraordinario covid». En este caso, «lo más razonable sería, seguramente, un recargo en el IRPF o aumentar el tipo ordinario del IVA». Otro aspecto en el que De la Fuente cree que se podría trabajar es en la imposición medioambiental y, de paso, organizarla con una ley marco, para que no se convierta «en una selva» de tributos estatales y autonómicos.

Sobre los impuestos en los que pone el foco el Gobierno, De la Fuente es claro. «Patrimonio, particularmente, no me gusta, es un impuesto distorsionador, mucho más fácil de eludir si se tiene mucho dinero» y pide simplificaciones y tipos moderados en Sucesiones, cuya normativa necesitaría una revisión a fondo. En Sociedades, sin embargo, ve más margen con el cambio en la Administración americana. Pero, sobre todo, reclama impuestos «neutrales y lo menos distorsionantes posibles».

El fiscalista avilesino Jesús Sanmartín, hasta el año pasado presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF), también defiende la necesidad de actualizar el sistema tributario español. «Se tiene que dar una vuelta», explica, puesto que «los estados modernos cada vez tienen más necesidades recaudatorias», sobre todo, en tiempos de crisis. Así, cree que Sociedades debe dejar de ser un impuesto nacional, para poder afectar a empresas multinacionales, por lo que plantea vincularlo a acuerdos internacionales, mientras que IRPF e IVA «requieren retoques mínimos, quizás para ganar más eficacia». En el caso de Patrimonio y Sucesiones, «habrá que pensar si deben seguir o enfocar el sistema recaudatorio hacia impuestos de otras características». Ninguno de los tres cree que «resuelven los grandes problemas». De ahí que recuerde que los impuestos por los que más se ingresa son IRPF, IVA y los especiales. «El país tiene que recaudar porque cada vez hay más problemas y en un estado moderno la recaudación debe ser acorde a los servicios que da. Hay que adecuarla a las necesidades».

La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo Isabel García-Ovies defiende, por su parte, que en estas reformas concurren dos requerimientos: una situación extraordinaria, que llevará a «todos a apretarse el cinturón», aunque debe ser algo «reversible», y otra, que es la necesidad de «una reforma de calado», que no signifique tocar impuestos «aisladamente», ya que las figuras forman parte de un sistema y se complementan.

Defensora del mantenimiento del impuesto de Sucesiones, «porque es complementario del IRPF», sí considera que debe establecerse una horquilla para su armonización, pero «no para alcanzar una tributación disparatada en todas las comunidades». Además, advierte del peligro de deslocalización del beneficio empresarial que puede tener un alza en Sociedades. En su receta ve necesaria la revisión de la imposición indirecta articulada sobre un nuevo impuesto para las transmisiones entre particulares y el IVA, una efectiva tributación de la economía digital y nuevos tributos ecológicos (residuos, bebidas azucaradas...). Asimismo, considera que es mejor la elevación transitoria de tipos a rentas altas que la imposición sobre el Patrimonio, «basado en valoraciones bastante dudosas y que acentúan la desproporcionada tributación inmobiliaria». «Al final, la recaudación importante siempre viene de IRPF e IVA, pero en estos casos de crisis la elevación debe tener carácter temporal», concluye.

El profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Santiago Álvarez es muy crítico con el punto de partida del Gobierno y censura que ya plantee una reforma de Patrimonio y Sucesiones «para corregir la autonomía de las comunidades y quitarle capacidad tributaria a Madrid», olvidando, además, que las comunidades forales fueron las primeras en desfiscalizar estos tributos. En este sentido, pide que la reforma no sea para quitar competencias tributarias a las regiones, que «en todo caso se debería discutir en el marco de la reforma de la financiación autonómica», y alerta de que las deslocalizaciones pueden ser a otros países, como Andorra, y no solo a Madrid. «Si se quiere aumentar la recaudación, solo se puede hacer con IRPF o impuestos al consumo o con los dos simultáneamente», insiste, y no con los tres que propone el Gobierno. No obstante, sí defiende un cambio en Sociedades para las multinacionales, aunque de nuevo coincide en que se debe abordar con carácter internacional.

Por su parte, el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello pide, sobre todo, que cualquier cambio se aborde de forma global y no se vuelvan a intentar poner «parchecitos» con modificaciones parciales. Además, reclama que antes de abordar una nueva fiscalidad, «que es un medio para un fin», se decida qué tipo y tamaño de sector público se quiere tener y, «a partir de ahí, repartimos las cargas». «En algún momento alguien tendrá que pagar estos gastos extraordinarios y este déficit terrible sí o sí», apunta también, por lo que ve necesario plantearse de dónde tiene que salir ese dinero.

Se cuestiona, además, si el IRPF sería el impuesto más justo para ello, ya que afecta a los salarios, mientras que las rentas del capital tributan a tipos más reducidos o ni lo hacen. Sí ve margen en los impuestos indirectos y defiende Sucesiones, que ve un impuesto «legítimo y razonable», porque en una herencia se recibe algo a cambio de nada, pero defiende que debería ser estatal. Sin embargo, duda sobre el IVA, un impuesto que resulta «regresivo y grava relativamente más a los más pobres, aunque para los políticos es más indoloro».