Hacienda quiere subir los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones

En febrero del año que viene el comité de 17 expertos que acaba de designar Montero le planteará sus propuestas fiscales. Después, el Gobierno desarrollaría los cambios legales -el comité no es vinculante- para que sean aprobados en las Cortes.

Hacienda ha aclarado ya cuál será el sentido de la reforma con la que quiere incrementar los ingresos fiscales y elevarlos para aproximarse a los de la media europea. Montero espera que el alza del Impuesto sobre Sociedades (de carácter estatal) y los cambios en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones (cedidos a las comunidades) puedan entrar en vigor el próximo ejercicio, según marquen las recomendaciones de los expertos.

María Jesús Montero cree que el comité de los 17 expertos podrá adelantar las «cuestiones, premisas o anticipaciones» que crean que pueden ser de interés de cara a la elaboración de los Presupuestos del año que viene. Es decir, que en las nuevas cuentas públicas el Ejecutivo ya podría incluir novedades fiscales en las que los expertos ya hayan trabajado previamente, aunque no hayan concluido ese informe. Habitualmente el Gobierno aprueba el techo de gasto a principios del verano para después negociar los Presupuestos y así presentar el proyecto antes del 30 de septiembre de cada año, como marca la Constitución.

En concreto, la ministra apuntó ayer que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya con el inicio de 2022, con «especial interés» en los referidos a los grandes patrimonios. «Tenemos que ver cómo se tiene que expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas», señaló ayer.

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, Montero cree que su reforma debe ser «prioritaria» en el análisis que haga el comité de expertos, además de aquellas figuras tributarias vinculadas a la riqueza, como son Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. La ministra ha hecho una clara referencia al caso de la Comunidad de Madrid, donde Patrimonio es prácticamente nulo (está bonificado al 99%) al indicar que «a nivel autonómico» no se deben dejar «vacíos de contenido» algunos impuestos, «como ha sucedido en algunas comunidades», en referencia a la capital.

Precisamente, este caso y el de Donaciones y Sucesiones, han provocado importantes choques con el Principado y otras comunidades, que acusan a la madrileña de aprovechar su capitalidad para hacer 'dumping' fiscal y fomentar las deslocalizaciones de grandes fortunas de otros territorios.

El pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos aboga por un «aumento de la progresividad del sistema fiscal», así como por adaptar el «actual sistema tributario a la economía del siglo XXI». Parte de la reforma iría encaminada a cambiar Sociedades, para que las grandes corporaciones paguen por un tipo real más ajustado al teórico, al tiempo que reducir el de las pymes. O ajustar el del IRPF para las rentas más altas (los Presupuestos en vigor ya incluyen un alza a partir de 300.000 euros) o para las que procedan de las inversiones.