«Cualquier transición energética debe evitar dramas sociales en las comarcas de Asturias»

Unai Sordo, ayer, en la Casa Municipal de Cultura de Avilés./MARIETA
Unai Sordo, ayer, en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. / MARIETA

«La debilidad del gobierno le impedirá abordar un plan industrial para España, pero sería importante que apuntase por dónde quiere ir»

FERNANDO DEL BUSTOAVILÉS.

No se esconde ante ningún tema, que aborda con seriedad, didactismo y sin medias palabras. Unai Sordo (Bilbao, 1972) repasa la agenda sindical y social de España en una entrevista concedida a este diario antes de la asamblea de delegados de Comisiones Obreras de Asturias.

-Aunque aún es pronto, ¿qué espera CC OO del ejecutivo de Pedro Sánchez?

-Esperamos un giro importante a algunas de las reformas y políticas realizadas por el PP durante la crisis, especialmente la reforma laboral y de las pensiones, para situar la distribución de la renta que se produce en España en otros términos. Vivimos una época de crecimiento sin reparto que, en nuestra opinión, es producto de las reformas de la crisis, por lo tanto hay que modificarlas. Necesitamos un gobierno capaz de dar un giro social a la política. Supongo que desde esa pasarela quiere presentarse a las próximas elecciones. Veremos si quiere abordar cambios de profundidad.

-Las primeras declaraciones sobre el futuro del carbón inquietan en Asturias. ¿Es inevitable el cierre?

-Cualquier proceso de cambio en el tejido productivo de Asturias debe vincularse a transiciones justas y, por lo tanto, a inversiones que eviten pérdidas de puestas de trabajo y de riqueza en el territorio. Hay que hacer compatible las exigencias medioambientales y los compromisos adquiridos con el mantenimiento del empleo e inversiones alternativas. Para nosotros es fundamental una transición justa y medir bien los tiempos para evitar dramas sociales en comarcas como Asturias. El gobierno tiene que buscar ese equilibrio.

-Vinculado a este tema se encuentran el coste energético. ¿Se debería buscar un acuerdo?

-El gobierno tiene muchos condicionantes parlamentarios y de tiempo para hacer ahora políticas tan estratégicas como ésta. Tendría que orientar espacios de diálogo. Mi opinión es que el gobierno no abordará cambios sustanciales que requieran amplios consensos políticos porque carece de la fortaleza necesaria. Sí pudiera orientar en una línea distinta las tarifas eléctricas. Es un tema muy preocupante, que lastra la competitividad de las industrias intensivas en el consumo energético.

-¿Qué debería hacer?

-Es un debate estratégico de país. Debería situar sus pretensiones y buscar un consenso político y social, pero tengo dudas de que, en lo que queda de legislatura, pueda abordarlo. La debilidad política lo va a lastrar.

-¿Y un plan industrial?

-Es una de las grandes prioridades de este país. Uno de los problemas macroeconómicos de España tiene que ver con las debilidades de su tejido productivo y éstas tienen que ver con el abandono, desde hace mucho tiempo, de las políticas industriales. Habría que ver las industrias existentes, las que tienen futuro y habría que abordar una apuesta estratégica con la colaboración pública y privada. Sucede un poco como con la tarifa eléctrica. El gobierno está en condiciones de apuntar lo que quiere hacer, pero tengo dudas de que pueda implementarlo. Pero sería muy importante que apuntase por donde quiere ir.

-La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, habla de consenso para modificar la reforma laboral. ¿Qué puntos son imprescindibles para Comisiones Obreras?

-Aquí sí puede adoptar ya medidas. Son una serie de cuatro o cinco: todo lo relacionado con la ruptura de la negociación colectiva, el poder que se da a los empresarios para disminuir los sueldos sin causa económica, la facilitación del despido y la ultraactividad. Me atrevo a decir que en algunos campos se podría explorar algún consenso con las organizaciones empresariales y, si es imposible, el gobierno debería derogar. Estaría por una derogación por elevación: crear un nuevo marco de relaciones laborales antes que volver a 2009.

-¿La patronal asume mejoras salariales o habrá movilizaciones?

-Hace tres días, le diría que no estaba dispuesta. En estos momentos estamos muy cerca de ese acuerdo salarial. Si desaparece la pretensión empresarial de la que subida fuese hasta el dos por ciento y se hablase en los términos que se están filtrando estaríamos muy cerca. Hablamos de una subida del tres por ciento y una mejora de los salarios más bajos. En España se pagan salarios de miseria y si se llegasen a mil euros como mínimo sería un avance importante.

-¿ Y la precarización en servicios, los falsos autónomos...?

-Es otra de las peleas que vamos a desarrollar. Si no es posible incluirlas en las negociaciones con los empresarios, será con el gobierno. Todas las personas que trabajan para una empresa, aunque sean externalizadas, deben cobrar el convenio colectivo de referencia. Las empresas no pueden subcontratar para tirar los costes, no para especializarse. El contrato precario y el despido libre no puede ser la forma de las empresas de adaptarse a las necesidades de cada momento. Hay que perseguir el fraude en la contratación.

-¿El 8 de marzo queda en anécdota?

-Ha sido cualquier cosa menos una anécdota. Aquel movimiento masivo ha cambiado la relación del país con el feminismo. Eso ha venido para quedarse.

-¿El debate de las pensiones debe quedar en su subida o también su sostenibilidad?

-Hay que abrir los dos debates. Uno es la mejora de ingresos en el sistema. Y otro es derogar la reforma del PP que explican la pérdida de calidad de las pensiones que habrá en los próximos veinte año. Y, de fondo, este país deberá preguntarse cuanto se quiere gastar en pensiones tanto ahora como en tres década. Si queremos gastar el 15% del PIB dentro de tres décadas, cuando llegue la punta del sistema, hay que adoptar medidas continuas para mejorar los ingresos.

-Con la crisis catalana sin cerrar, el País Vasco se moviliza por el derecho a decidir. ¿Otra crisis?

-Había quien pensaba en Cataluña como un contagio, pero en realidad actuó como vacuna. La realidad vasca se encuentra en la antítesis de Cataluña. Es evidente la complejidad nacional del País Vasco, con unos partidos nacionalistas que son mayoritarios, pero porque la sociedad vasca percibe una sensación de tranquilidad. Se pone en valor la convivencia y la estabilidad. Casi nadie apuesta por un modelo de polarización social como el de Cataluña en los últimos años. Euskadi aún está en la resaca de tantos años de confrontación social. La voluntad es mejorar el autogobierno, no tensionar a la sociedad.

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