El Principado, dispuesto a «esclarecer todo lo que haga falta en El Musel»

El Parlamento asturiano analizará la próxima semana la petición de Foro Asturias de abrir una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades detectadas por la Oficina Antifraude comunitaria (OLAF) en las obras de El Musel. La iniciativa sumó ayer sus primeros apoyos. El diputado del PP Agustín Cuervas-Mons expuso: «No nos hemos caracterizado por impedir las investigaciones o claridad sobre este tipo de asuntos». Y desde UPyD Ignacio Prendes encontró «datos suficientes para extremar los procedimientos parlamentarios y exigir un ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas en el ámbito de Asturias».

De confirmarse el aval de las tres formaciones, la comisión tendría asegurada su constitución, cosa que podría hacerse en dos semanas si ningún grupo muestra su objeción a ello. De momento, ayer la consejera de Fomento, Belén Fernández, aseguró en la Junta General que «en este asunto, el Principado ha apostado por que se esclarezca todo lo que haga falta y en los ámbitos que haga falta».

Fernández contrastó su posición con la del Gobierno central, que es «el 'top' de la opacidad; primero ralentizaron el acceso al informe de la OLAF, nos vetaron conocer las alegaciones al mismo y por si fuera poco, nos hemos enterado por los medios de comunicación de la respuesta que acaba de dar la Comisión Europea a España». La consejera aseveró que «esta opacidad me temo que es una estrategia política para aparentar que se está haciendo una defensa firme del puerto, cuando en realidad se ha hecho una defensa de pacotilla». La representante del Principado indicó que si en algo pecó El Musel es «en aplicar a rajatabla un manual que Puertos del Estado hizo en el 2003», referencia a la que contestó Cuervas-Mons tachándola de «ruin y escapista».

Belén Fernández trató de aplacar el debate dando por «precipitado e inconveniente plantearse en estos momentos la devolución de las ayudas; hay pasos por delante y si salen negativos, habrá que ir a los tribunales».

En el debate intervino Aurelio Martín (IU) para señalar que «este despropósito, si fue legal, nos obliga a cambiar la ley». El presidente del PP gijonés, David González Medina, por su parte, señaló que «los tres máximos responsables de este desaguisado son Antonio Trevín, José Blanco y Vicente Álvarez Areces, que siguen cobrando de nuestros bolsillos como diputado, europarlamentario y senador respectivamente».