«No todos queremos ser abogados tiburón»

Un divorcio no tiene por qué ser una guerra. Esta es la idea que defiende la letrada gijonesa Lucía Moro, presidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Principado de Asturias, en fase constitutiva. Será la tercera de este tipo en España tras las del País Vasco y Madrid. Aunque se formó como abogada en Oviedo, Lucía Moro se trasladó a Madrid para especializarse en Mediación. Allí se quedó como profesora y coordinadora de programas de mediación en la Universidad Carlos III durante tres años. Hace unos meses, sintió la llamada de la tierrina y decidió volver a casa para abrir un despacho cuyo nombre es toda una declaración de intenciones: 'Irinikõs' (pacífico, en griego).

¿Qué es el derecho colaborativo?

Es una forma de negociación transparente, sin guardarse ningún as en la manga. Requiere la participación de dos abogados, con sus correspondientes clientes, que se comprometen a no litigar, sino a analizar el conflicto existente y buscar la mejor solución para todos. Si finalmente no se llega a ningún acuerdo y se decide ir a juicio, las partes tendrán que ser representadas por otros letrados diferentes.

¿Se puede aplicar a todo tipo de conflictos?

En principio, esta forma de negociación nació en el ámbito del derecho familiar para resolver divorcios de la forma menos traumática posible. Sin embargo, es tremendamente útil en el derecho laboral, pues tanto las partes como sus representantes firman un acuerdo de confidencialidad. Es decir, si finalmente deciden ir a los tribunales, los documentos y pruebas utilizados en la negociación no se pueden usar en el juicio, quedan resguardados por los abogados colaborativos.

¿Es una metodología reciente?

No realmente. Nació en la década de los 80 del pasado siglo, de la mano del abogado de familia Stuart Webb, de Estados Unidos. Tras unos años de ejercicio, se 'quemó'. Se cansó de pelear en los tribunales, de ver el coste emocional que suponía para los implicados. Y comenzó a trabajar de una forma diferente que rápidamente se extendió a otros países, como Inglaterra e Italia.

¿Qué beneficios reporta a los implicados en un conflicto?

De entrada, ofrece una resolución del caso de forma integral, sin fisuras. No se deja nada al azar y se analizan todos los posibles supuestos para evitar conflictos futuros. Por ejemplo, cuando alguien se acaba de separar no suele pensar en que su expareja pueda encontrar a otra persona en un futuro y, si finalmente ocurre, puede derivar en nuevo conflicto. En derecho colaborativo, este supuesto, y muchos otros, se pondrían encima de la mesa desde el principio para dejar todo claro y atado. Hay un gran componente preventivo.

¿Y si hay niños?

Para ellos también es beneficioso, pues evitamos que la separación de sus padres sea algo traumático. Un divorcio puede ser todo lo malo o lo bueno que los implicados quieran. En muchas ocasiones, dependiendo de la edad de los hijos, es complicado darles la noticia de forma adecuada. Para eso, los abogados colaborativos pueden recurrir a un terapeuta infantil que ayude a los pequeños a asimilar lo que está ocurriendo y evite que éstos se sientan culpables.

Es, por tanto, un procedimiento en el que intervienen otros profesionales...

Sí. Es una metodología multidisciplinar que puede trabajar, en función de la necesidad de cada caso, con asesores financieros, psicólogos, mediadores... Puede ser un proceso largo, de unos cuantos meses. Pero, definitivamente, nada comparable con los años que puede conllevar ir a los tribunales. Está bien utilizar el 'martillo' en los conflictos que así lo exijan, pero no para todos. No todos queremos ser abogados tiburón.

¿Necesitaba Asturias una asociación de derecho colaborativo?

Creo que sí. No había ninguna, así que unos meses antes de trasladarme a Gijón me reuní con un grupo de profesionales para proponerles la idea y gustó. Ya presentamos la solicitud, así que la asociación se constituirá en un futuro próximo. Quienes deseen participar recibirán un curso formativo para acreditar que son colaborativos y están preparados. La idea es disponer de una lista con los letrados y otros profesionales para poder recurrir a ella cuando se plantee un caso que pueda ser tratado de esta forma.