Hacienda niega la documentación pedida por la Comisión de la Junta sobre El Musel

La Comisión de Investigación creada en la Junta General del Principado para esclarecer las responsabilidades políticas de la obra de ampliación de El Musel puede tener las horas contadas, por la entrada del asunto en vía judicial y por falta de colaboración de la Administración del Estado, que ha dado muestras ya de que se acoge al dictamen que no le obliga a colaborar con los parlamentos autonómicos en este tipo de causas. Según explicó ayer a EL COMERCIO la presidenta de la citada comisión de investigación, Marina Huerta, el jueves se celebrará la sesión que estaba anunciada y se debatirá la repercusión de las últimas novedades en el futuro de la investigación.

Por una parte, aunque el plazo para recibir la documentación solicitada no concluye hasta mañana, miércoles, de momento sólo el Gobierno del Principado ha dado respuesta satisfactoria al aportar el expediente completo del informe que llevó a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) a proponer la retirada de toda ayuda comunitaria a la obra.

Pero es que, además, los indicios sobre la probabilidad de que esa documentación aumente son negativos ya que, según Huerta, el Ministerio de Hacienda, organismo del que depende la gestión de los fondos europeos, se ha acogido explícitamente al dictamen que no le obliga a entregar la documentación requerida. En esas condiciones, cabe pensar que otros órganos dependientes de la Administración central, como el Organismo Público Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Gijón, harán lo mismo.

En ese caso, la Comisión de Investigación se encontraría con bastante menos información oficial de la solicitada como instrumento de trabajo adecuado.

Por otra parte, Marina Huerta entiende que las últimas noticias sobre la entrada del asunto investigado en vía judicial, según trascendió el pasado miércoles, pueden afectar negativamente también a los trabajos de la Comisión. El argumento es que las personas cuya comparecencia se solicitase, ante la perspectiva de recibir también citación judicial, podrían mayoritariamente optar por el sigilo y negarse a declarar.

Con escasa documentación y pocas perspectivas de locuacidad en los comparecientes, la Comisión de Investigación podría quedar excesivamente lastrada para ser eficaz. En todo caso, Marina Huerta evitó aventurar el futuro de la Comisión, que será tratado en el seno de la misma esta misma semana.

Un par de datos más pueden ser significativos. Uno es que la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, dijo ayer, tras anunciar que el Principado había entregado la documentación solicitada, que «lo que creo que debiera evitarse son juicios paralelos y respetar los tiempos de la justicia que es quien ahora ha de hacer su trabajo».

El otro dato es que el Partido Popular advirtió siempre, es decir, ya antes de que la intervención judicial se produjera, de que hay muy poco tiempo disponible, debido a la inminencia de las elecciones municipales y autonómicas, para desarrollar los trabajos encomendados a la comisión investigadora con rigor y eficacia.

Retirada de ayudas

La Junta General del Principado decidió crear una Comisión de Investigación sobre las obras de ampliación de El Musel tras conocerse que la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea propuso al Reino de España la retirada de los 247,5 millones de ayuda comunitaria que habían sido concedidos, por supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los trabajos.

Dos fueron los partidos representados que solicitaron la creación de la referida comisión, Foro y PP, si bien la aprobación se produjo sin oposición alguna. El pasado 25 de noviembre quedó constituida, con tres componentes de la mesa: Marina Huerta, de Foro, Noemí Martín (IU), que ejerce la vicepresidencia, y la socialista Pilar Alonso, que desempeña las funciones de secretaria. El resto de componentes son los diputados María del Carmen Fernández Gómez (Foro), el socialista Marcelino Marcos Líndez, los populares Emma Ramos y José Agustín Cuervas-Mons; Emilia Vázquez, de IU, y el diputado de UPyD, Ignacio Prendes.

Desde el principio se supo que habría que trabajar con apremio, debido a dos circunstancias inexorables. La primera es que el debate presupuestario paralizó temporalmente la actividad parlamentaria de la Junta, hasta después de las Navidades. Por otra parte, la celebración de elecciones el próximo mes de mayo conlleva la disolución del Parlamento regional dos meses antes, de forma que el último Pleno previsto es en marzo, momento en el que habría de someterse a votación el dictamen de la Comisión.

Antes de solicitar las comparecencias oportunas, fue pedida una amplia documentación, mediado el pasado enero, que tenía a la Administración del Estado como principal suministrador, aunque se incluía también la contabilidad que la UTE adjudicataria negó a la OLAF