Circular a más de 30 por hora en el casco urbano supondrá multas desde cien euros
El nuevo decreto que prepara el Gobierno impondrá esta velocidad en todas las calles con un solo carril por sentido
I. V.
GIJÓN.
Jueves, 24 de enero 2019, 02:37
El nuevo decreto sobre medidas urbanas de tráfico que prepara el Gobierno central recoge una limitación general de velocidades en el casco urbano de 20 y 30 kilómetros, similar a la que se plantea en el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura (PIMSS) que tramita desde hace más de dos años el Ayuntamiento de Gijón.
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En concreto, fija un límite genérico de 20 kilómetros por hora para las vías «que dispongan de plataforma única de calzada y acera», esto es, las que tengan una configuración similar a las calles semipeatonalizadas en los últimos años, como San Antonio o Vicaría. La velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora «en vías de un único carril por sentido», que son la gran mayoría de las calles del casco urbano. Solo se podría circular a una velocidad superior, 50 kilómetros por hora, en las que tengan al menos dos carriles por cada sentido de circulación.
El borrador del decreto añade que «excepcionalmente» los ayuntamientos podrán elevar hasta los 50 kilómetros por hora la velocidad permitida en calles de un carril por sentido, «previa señalización».
En caso de incumplimiento, en las zonas limitadas a 30 por hora podrán imponerse multas de 100 euros a quien circule entre 31 y 50 kilómetros por hora, 300 euros y dos puntos a quienes vayan entre 51 y 60, 400 euros y cuatro puntos entre 61 y 70, 500 euros y seis puntos entre 71 y 80 y 600 euros y seis puntos a partir de los 81 kilómetros por hora.
El principal objetivo de esta medida, según la DGT, es la mejora de la seguridad vial, toda vez que en 2017 se contaron 509 fallecidos en casco urbano, el 80% de ellos peatones, ciclistas y motoristas. La reducción de velocidades, no obstante, también incidirá en la rebaja de los niveles de ruido -según el Instituto DKV una reducción de 50 a 30 kilómetros por hora hace que el impacto sonoro del tráfico pase del 335 al 6%- e incluso el coste del alumbrado público, pues cuanto más bajo es el límite menor es la luminosidad exigida por las normas de tráfico.
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