La consulta a otras administraciones aclaró la incompatibilidad de la planta de pirólisis

Que ahora el proyecto esté en información pública se debe, según la consejera, a que «se trata de una cuestión de procedimiento medioambiental, que es muy garantista». Explicó que desde Preco se presentó no sólo el proyecto, sino documentación ante «numerosas solicitudes de informes para profundizar» en la cuestión por parte de los servicios de evaluaciones y de autorizaciones ambientales.

Pero llamó la atención una de las explicaciones que dio Nieves Roqueñí: «Cuando los documentos estuvieron completados, se trasladaron consultas a las administraciones públicas y los interesados». En concreto, fueron a diez departamentos del Principado, dos de la Administración General del Estado, siete ayuntamientos y 16 organizaciones ecologistas. Y continuó con que «fue entonces cuando se conoció la incompatibilidad del proyecto para ser ejecutado, después de un análisis exhaustivo y detallado». La consejera aseguró que «todos los agentes trabajaron con responsabilidad, porque hay que tener la certidumbre de que nuestro proyectos se ajustan a la normativa».

Por otro lado, rechazó de plano que Gijón sea una ciudad contaminada, pues, «desde que están los planes de calidad del aire, no hubo incumplimientos en los últimos años. Incluso en El Lauredal».