El fiscal mantiene que El Musel pagó «sin soporte jurídico» 135 millones por las obras

Tras escuchar a seis testigos y a los dos acusados, el fiscal y la Abogacía del Estado han mantenido su petición contra los exresponsables de El Musel en el momento de las obras de ampliación, esto es, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato. Las acusaciones solicitan al Tribunal de Cuentas una condena que les obligue a reponer de su bolsillo unos 135 millones de euros. La mayor parte de esos fondos, razonan, se pagaron a las constructoras sin tramitar el modificado que le daría la cobertura jurídica necesaria.

«Las partes demandadas han intentado aumentar o hacer causa general de las obras del puerto, pero desde el primero momento son tres los hechos del juicio», centró Rafael García, el Abogado del Estado. Su acusación se centra en «la existencia de un acuerdo de precios nuevos, aplicado con efectos inmediatos, que supuso el pago de 132 millones». Además se les acusa de haber abonado a los constructores unos estudios que estaban subcontratados admitiéndoles un suplemento del 19% de gastos generales y beneficio industrial.

Las acusaciones dieron por bueno parte del relato hecho por los acusados, esto es, que las obras una vez lanzadas se encontraron con la imposibilidad de tomar el material pétreo de la cercana cantera de Aboño y otra de Carreño, lo que obligó a buscarlo en explotaciones de Oviedo y el norte de León, lo que multiplicaba los costes. «Se dice que fue algo imprevisto, pero el Ministerio Fiscal no puede estar de acuerdo; si se hubiera hecho una gestión adecuada tenían que saber que HC iba a hacer una planta de desulfuración porque lo anunció en el Boletín Oficial del Estado», indicó el teniente fiscal, Luis Rueda. Esta acusación entiende que las obras se licitaron con un acuerdo de intención de HC que en realidad «no le obligaba a nada. La UTE se metió en la obra sin garantizarse el suministro de los materiales».

También dan por bueno que hubo una reunión en el Ministerio de Fomento donde se acordó ir a un modificado. Lo que impugnan, y es el eje de la denuncia, es que de inmediato «se levantaron actas de precios nuevos en abril de 2006, cuando no se había iniciado el expediente de modificación, lo que supone que empezaran a pagar un sobreprecio que no estaba recogido en el contrato ni cumplía la legislación de contratos, que no prevé que la dirección de obra pueda modificar unilateralmente los precios», señaló el Abogado del Estado, Rafael García. «A partir de ese momento se pagaron esos precios, y se llegaron a pagar retroactivamente, lo que supone sacar fondos públicos sin la normativa para ello», añadió. La aprobación del proyecto modificado «y su entrada en vigor no se produjo hasta febrero de 2010 y fue consecuencia de atender a situación de absoluta ilegalidad que se estaba dando», dijo. En eso basa que hubo «negligencia porque no había cobertura legal».

«Puertos del Estado y Fomento tuvieron consciencia de que se estaban pagando unos precios superiores sin ningún tipo de cobertura, y que no había forma de cubrir esa situación de ilegalidad», apuntó García. Como apoyo recordó que en noviembre de 2007 el inspector del ministerio emitió un informe «que decía que había que parar las obras para tramitar el modificado». Lo ocurrido «es una infracción total de las normas de control», apuntó. Durante la mayor parte del tiempo de la obra se pagaron «suplementos prescindiendo del procedimiento legal establecido», asentó.

En su defensa los acusados han insistido en que una obra marítima, hecha en el Cantábrico, no da opción a pararlo, que el oleaje se comería lo ya avanzado. Varios testigos han confirmado este punto. «Yo no sé qué habría pasado, trabajo con los hechos», descartó el teniente fiscal, Luis Rueda. «Todos podemos imaginar pasados alternativos», comentó antes de lanzar una hipótesis. En el momento en el que se empezaron a pagar los sobreprecios «el total certificado era de 31 millones, pero como se abonaron otras partidas, lo que se había puesto en el mar no llegaba a esa cantidad». El fiscal insiste en que el contrato estipula que los problemas de suministro eran del constructor, que aceptó la obra a «su riesgo y ventura», y que si por el encarecimiento del suministro hubiera roto el contrato, a la Autoridad Portuaria le habría correspondido incautarse la garantía definitiva. «Era de más de 33 millones», detalló.

El fiscal insiste en que sin la aprobación del modificado no se podía pagar precios más altos de los fijados más altos porque faltaba «el soporte jurídico». «No había que aumentar los precios, el contratista tenía que hacer la obra a su riesgo y ventura», sostuvo. Que años después se aprobase el modificado recogiendo aquellos precios resultaría irrelevante, según su criterio. «No se puede decir que el modificado lo ha purificado y santificado todo como si fuera agua bendita, no es así», concluyó.