Rexach y Díaz Rato aseguran que los técnicos y abogados de Fomento avalaron el sobrecoste de El Musel

Por primera vez desde que en 2014 la Oficina Antifraude Europea (Olaf) lanzara sospechas sobre la ampliación de El Musel, dos responsables de esa obra se sentaron en el banquillo de los acusados. Fueron el expresidente de la Autoridad Portuaria que gestionó los trabajos, Fernando Menéndez Rexach, y quien era su director general, José Luis Díaz Rato. Fiscalía y Abogacía del Estado piden al Tribunal de Cuentas que los condene a poner de su bolsillo más de 135 millones. La Audiencia Nacional instruye el pleito en el que se depurará si además hubo delitos, pero el juicio que ayer inició el Tribunal de Cuentas tiene otras reglas. Esta institución castiga a los funcionarios y autoridades que por acción u omisión han causado un daño al erario público y les obliga a responder con su patrimonio.

Bajo esa amenaza, los exdirectivos defendieron que su actuación estuvo en todo el momento amparada por el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado, que ningún técnico o jurista emitió informe advirtiendo irregularidades ni en el consejo de administración nadie se opuso a lo que se hacía. «¿Quién iba a pensar que estábamos haciendo algo ilegal con estos mimbres?», devolvió Díaz Rato.

Reconocieron, eso sí, que las obras se lanzaron con poco tiempo para su diseño, que la constructora reclamaba sobrecostes desde el primer momento -dos de ellos denegados- y que todo se enmarañó por lo que Menéndez Rexach calificó de «chantajes» de terceros. «Les tendrían que hacer un monumento en vez de acusarlos, es muy penoso que hayamos llegado a esto», llegó a lamentar Viliulfo Díaz, el letrado de Díaz Rato. «Puertos del Estado y el ministerio estuvieron implicados desde el primer momento en la ampliación», principió su cliente. «El anteproyecto es de Puertos», coincidió su exjefe. «El proyecto tuvimos que hacerlo en cuatro meses porque es lo que teníamos para pedir las ayudas de la UE», justificó Díaz Rato. Para aquilatar los diseños se «hicieron pruebas» a la vez que empezaban las obras.

Los directivos sabían que el coste del material pétreo sería clave, y que el aspirante que pactara un suministro desde la cantera de Aboño «echaría del concurso a los demás» por esa ventaja económica, apuntó Rexach. Para dar igualdad de condiciones, firmaron un acuerdo de intenciones con Hidroeléctrica del Cantábrico, que permitiría la explotación del yacimiento a quien asumiera la obra.

Una vez adjudicado el contrato los constructores «nos dicen que los están mareando» y no les dejan coger el material. HC afirma que debe levantar en el lugar una planta desulfuradora y no puede permitirles trabajar hasta que acabe. «Hay cuestiones que siempre nos han extrañado; ¿cómo se pudo hacer esa desulfuradora sin licencia de obras ni autorización ambiental?», deslizó Díaz Rato. Su tesis es que la empresa energética «llevaba desde 2002» pidiendo al Principado y al Ayuntamiento de Ribera de Arriba permiso para poner una planta de gas; «al día siguiente de que se la autorizasen, llamó a la constructora y le permitió usar la cantera. Coincidencias como esta parecen difíciles de entender», abundó.

Rexach calificó de «chantaje» ese bloqueo y el que luego decretó el Ayuntamiento de Carreño al impedir usar una segunda cantera. Así las cosas, la constructora debió buscar la piedra en yacimientos a entre 60 y 120 kilómetros, lo que disparaba los costes.

Tocaba rescindir o pagar más. «Puertos del Estado y el secretario de Estado nos dijeron que rescindir no era viable, que se perderían fondos de la UE, que había que llegar a un acuerdo», apuntó Díaz Rato. «Nos dijeron que había apoyo total; rescindir tenía consecuencias lamentables. La obra se la comía el mar, se perdían las ayudas y tendríamos una reclamación», abundó Menéndez Rexach.

Tras una cumbre en el ministerio con los directivos de las constructoras, llegarían todos los informes favorables. Cuando la UE puso las primeras dudas «en las reuniones vino el Ministerio de Hacienda y Puertos y quedó claro que todo se ejecutó de forma legal», reiteró el expresidente.