El PSOE de Gijón no garantiza su apoyo a las ordenanzas fiscales ni aunque se aprueben sus enmiendas

Los socialistas se han centrado en dos conceptos: el incremento de las tasas y precios públicos en un 4% y en la revisión de las tarifas reducidas de los organismos autónomos por actividades culturales, ocio, educativas y deportivas, incorporando, por ejemplo, el criterio del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las primeras incluyen también la subida de la factura del agua.

La concejala del PSOE, Marina Pineda, lamentó que «el gobierno municipal no haya abordado con seriedad el debate de las ordenanzas fiscales para ir acomodándolo a los precios reales de los servicios» y acusó a su sucesora al frente de Hacienda, a la forista María Mitre, de presentar un proyecto «que no garantiza la calidad de los servicios que se prestan a los gijoneses».

En total son 13 enmiendas que, ni aunque viesen la luz supondrán que vaya a apoyarse le proyecto del gobierno. «No me atrevo a aventurar el voto tal cual está el proyecto», afirmó Marina Pineda, a la espera de la comisión de Hacienda del miércoles para ver por dónde van los tiros. No obstante, ya matizó que «hay una necesidad de actualizar los precios, y el gobierno no está por la labor», afirmó.

Y como para el corto plazo parece que dan la batalla por perdida, ya están pensando en el debate del próximo año. Como recado, Pineda le exige a Mitre que «cumpla su compromiso de dedicar el 2024 a hacer un estudio de los servicios públicos en profundidad, no solo con el objetivo de bajar impuestos sino en que Gijón siga siendo un referente de calidad». Y también le mostró el camino de lo que le gustaría a los socialistas. La concejala del PSOE apostó por el recardo del IBI a las viviendas vacías con dos requisitos: afectaría a los que tienen al menos cuatro inmuebles y lleven dos años vacías (estableciendo como parámetro el consumo de agua). Pineda cifró en 8.000 el número de viviendas vacías «con un precio de alquiler que es el más alto de Asturias, y en aumento, lo que obliga a tomar medidas urgentes».

La otra exigencia es la aplicación del IBI diferenciado «que no es necesario implementarlo al máximo, puede ser progresivamente, como lo han ido haciendo ciudades de todo tipo de color político». Y, a mayores, pidió que se abra a nivel estatal el debate sobre la financiación municipal.